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sábado, 24 de abril de 2010

Ciudadanos unidos por el medio ambiente

La preocupación por el futuro del medio ambiente es el factor común en las asambleas vecinales que buscan proteger los recursos naturales. La contaminación del agua y del suelo, la deforestación, la falta de protección de reservas ecológicas o la construcción indiscriminada son sólo algunas de las problemáticas que afrontan. Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), enfatizaron que la única respuesta es el “pueblo movilizado con conciencia”.

La mayoría de estas agrupaciones nacen ante la falta de respuestas de funcionarios públicos a sus reclamos y la necesidad de tomar una postura activa. “No sentimos que el gobierno municipal ni el provincial tomen en cuenta las cosas que nosotros vemos como vecinos”, señaló Liliana Leiva, de la Asamblea Delta y Río de la Plata.

Desde el movimiento Vecinos en Defensa de Santa Catalina, uno de los últimos pulmones verdes del Gran Buenos Aires, Claudia Piedrabuena consideró que la política es una herramienta necesaria, pero ponerse una camiseta partidaria es perder la “autonomía”. No obstante, reconoció la existencia de algunos políticos que, gracias a la presión de los vecinos, acompañan sus iniciativas. En tanto que Martín Farina, de la asociación Unidos por la Laguna de Rocha, humedal de la zona sur del Conurbano, afirmó que los políticos “aparecen cuando les conviene”.

Más allá de las distintas temáticas que los convocan, organizaciones y especialistas coincidieron en relacionar la falta de acción de los funcionarios con su complacencia hacia intereses privados. Piedrabuena evaluó como un “gran negocio” para algunos la pérdida de los espacios verdes. Por su parte, el referente de la UAC Javier Rodriguez Pardo aseveró que “hay intereses tan grandes que los gobiernos han sido cooptados”.

Patricia Agosto, historiadora y miembro de la agrupación Pañuelos en Rebeldía, coincidió en afirmar que desde Estado hay “complicidad” con un modelo económico de “saqueo de recursos naturales y contaminación”. “Salvo algunas excepciones, ninguno de los tres poderes está jugando a favor de la vida”, enfatizó.

Debatir e investigar la situación que los afecta y concientizar al respecto, son algunas de las actividades más frecuentes en las asambleas. Sin embargo, muchas veces es en la instancia judicial en la que se logra o no alcanzar el objetivo. Para abordar las cuestiones legales, las agrupaciones vecinales recurren a abogados ambientalistas, es decir, profesionales que buscan defender los derechos relacionados con los recursos naturales.

“Guiamos en materia jurídica y tratamos de brindar asesoramiento al quien tiene afectados sus derechos ambientales”, explicó a CC el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA), Enrique Viale. Además, denunció el “gran desconocimiento” que hay en la Justicia sobre el derecho ambiental.

Los integrantes de las asambleas entienden que en la acción colectiva está la herramienta para defender su entorno natural. Al respecto, Rodríguez Pardo destacó que los logros obtenidos “se sostienen con movilización”. Leiva, por su parte, afirmó que con la unidad de los vecinos “se logran cosas”, y concluyó que la preocupación es no sólo por ellos y su salud, sino también por "las generaciones que vienen”.

La cuestión ambiental

Patricia Agosto explicó los orígenes de este tipo de movilizaciones haciendo hincapié en la "falta de confianza en el poder público" y en un "modelo de entrega" sostenido por los gobiernos que facilitan la contaminación y la explotación de recursos naturales. El aumento de la movilización popular es lo que lleva al Estado a “poner un freno” a los agentes contaminantes.

Frente a la protesta medioambiental, la historiadora consideró que el poder político "no juega a favor" de los asambleístas. Entonces, se “criminaliza la protesta o se judicializa” y se hacen causas y denuncias contra los ambientalistas.

Los medios de comunicación, por su parte, adoptan dos estrategias: una es ignorar, en una postura de “silencio total”, y otra es criminalizar las movilizaciones y las protestas a través de un discurso que coloca a los asambleístas como “terroristas ecológicos”, explica la historiadora.

Agosto concluyó, en su análisis sobre la situación de las asambleas, que lo fundamental es la "movilización" de los vecinos, que puede estar acompañada de herramientas legales como la recolección de firmas o petitorios.



fotografías: Asamblea Delta y Río de la Plata

CC 25-04-10
LR-SAM-PCN

lunes, 1 de marzo de 2010

El mundo laboral vestido de negro

Romina, de 21 años, trabajó en negro durante tres años: no tuvo vacaciones, aguinaldo, días de estudio, cobertura social ni aportes para su futura jubilación. Aceptó esas condiciones de trabajo para ganar experiencia en el mundo laboral. Romina forma parte del 36 por ciento de trabajadores que no están registrados, según las cifras del INDEC correspondientes al tercer trimestre del año pasado.

El empleo asalariado informal es el resultado de la evasión de las obligaciones laborales de empresas organizadas y articuladas con la economía legal; el empleador no hace los aportes correspondientes para que el trabajador goce de todos los beneficios de la seguridad social, que se le da cuando está registrado.

Muchas veces es percibido como algo natural porque, “ante la posibilidad de la desocupación, es mejor tener un trabajo en negro que no tener nada”, explicó Tomás Raffo, investigador del Instituto de Estudios y Formación (IDEF) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

El empleado no registrado tiene muchas desventajas: no tiene garantizada la cobertura médica para ellos y sus familias, no recibe las asignaciones familiares y probablemente no podrá jubilarse cuando se retire del mercado laboral, precisa un informe del Ministerio de Trabajo de 2009.

Además pierde la gran mayoría de los beneficios laborales no ligados directamente a la seguridad social –como las vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura por accidentes de trabajo – y no cuenta con pertenencia sindical.

“Tenía que cuidarme el doble para no enfermarme porque se me descontaba el día y, si quería tomarme vacaciones, también -contó Romina, en diálogo con CC- pero al trabajar en blanco, el contraste fue muy grande: días de estudio, por enfermedad, obra social, vacaciones, aguinaldo.”

Para Raffo, asesor del diputado nacional Claudio Lozano, es “difícil que las personas por sí solas puedan dar cuenta de sus condiciones de vida si no se discuten a fondo las condiciones sobre las cuales se asienta la reproducción económica”.

En ese contexto, aseguró que “el mercado de trabajo actual es el resultado de una economía concentrada desigual” y sugirió un replanteo de las condiciones sobre las cuales se asienta el patrón de acumulación.

La política económica debería "darle importancia al consumo popular, acompañado por un área de economía pública y social motorizada por el Estado que impulse la actividad de las empresas estatales, las pymes, las recuperadas y las de economía social", según Raffo.

Los trabajadores pueden exigir su regularización laboral. Cuando se rompe la relación de dependencia, pueden denunciar al empleador quien debería pagar una indemnización y multa por no haber realizado los aportes de ley, que representan alrededor de un 32 por ciento del valor del sueldo. El acceso a la protección laboral y social constituye un factor determinante del grado de cohesión social.

PCN-SAM-LR

miércoles, 10 de febrero de 2010

La epopeya del acceso a la tierra


Más de 600 mil personas son pertenecientes o descendientes en primera generación de poblaciones indígenas en la Argentina, según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) llevada a cabo por el INDEC. Sin embargo, gran parte de la población indígena lleva adelante una batalla legal por el reconocimiento de sus derechos, resguardados por la Constitución Nacional, sobre las tierras en las que viven.

A pesar de algunos avances a nivel formal, estos pueblos sufren el avance de un sistema que los expulsa de los lugares en los que ancestralmente han construido su identidad y que no respeta su tradición cultural y educativa. “La tierra para nosotros no es sólo un elemento material, sino también espiritual”, explicó Francisco Morales, de la ONG Comunidad Indígena de Estudiantes.

Desde 1985 las comunidades indígenas obtuvieron algunas conquistas legislativas por el reconocimiento del derecho exclusivo sobre el suelo que habitan, aunque para muchos de ellos “son los hombres los que pertenecen a la tierra”.

Es que en la mayoría de los pueblos, la idea de territorialidad nunca estuvo ligada al concepto de propiedad que implica derechos exclusivos de posesión y uso de la tierra, por lo que se defienden desde hace 500 años del avance de aquellos que desean convertir las tierras en “propiedad privada”.

El amplio abanico legislativo adquiere su “punto culminante” con la sanción del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional que otorga rango constitucional a los derechos ya reconocidos y a su vez “avanza en el reconocimiento de otros”, según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En ese sentido, el Congreso deberá reconocer la “personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” como también regular la entrega de otras para el desarrollo humano.

Por su parte, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1992 establece que deberá tomarse medidas para “salvaguardar el derecho” de los pueblos interesados a utilizar tierras que “no estén exclusivamente ocupadas por ellos”, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

Los gobiernos, por su parte, deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que se “prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” y establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados “puedan participar libremente” en la adopción de decisiones en instituciones responsables de políticas y programas que les conciernan.

El documento de la OIT además señala en su artículo quinto que deberá “reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales” de los pueblos que abogan por el respeto de su cultura y de sus parámetros de vida.

Es importante ser concientes de que ninguna ley, ningún tratado o documento es válido para los pueblos originarios de nuestro país y de América Latina mientras en la práctica miles de comunidades siguen siendo expulsadas de las tierras que ocupan hace siglos.

CC 10-02-09
LR-SAM-PCN
(foto: Indymedia Argentina)

miércoles, 13 de enero de 2010

Trabajadores cartoneros avanzan hacia la puesta en marcha de plantas de reciclado

Trabajadores desocupados de diferentes puntos del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires intentarán poner en marchar una iniciativa que denominaron ‘Plantas Regionales de Reciclado Industrial’ (PRRI), que permitiría dar trabajo a unas cien mil personas.

El presidente de Cooperativa Padilla, Julio Cruz, explicó a AUNO que el acuerdo entre las cámaras del sector del reciclado, la AFIP y la asociación sindical de cartoneros tiende a incluir socialmente a cerca de 50 mil cartoneros de todo el país para que puedan tener derecho a jubilación y servicios de salud, en alusión a que el organismo recaudador incluirá al sector como monotributistas.

Por su parte, Marcelo Arbit, secretario de ecología y ambiente de la Central de Movimientos Populares, puntualizó en diálogo con AUNO que el fin último es “la construcción de las plantas regionales con tecnología para reciclar gran parte de los residuos secos” y que serviría para “incluir laboralmente a 100 mil compañeros”.

El 11 y 12 de este mes se realizó el Primer Foro Nacional de Residuos Sólidos Urbanos, donde se debatió las necesidades de los cartoneros y trabajadores desocupados que conforman las cooperativas de reciclaje e iniciar el proyecto PRRI.

Las cooperativas protagonistas del foro, formadas en su mayoría por cartoneros, comenzaron a trabajar hace varios años en la recolección de residuos para evitar la proliferación de basurales a cielo abierto y transformarlos en productos comerciables que ayuden a generar más fuentes de trabajo, se explicó durante el encuentro.

El viernes pasado fue el acto inaugural del foro que fue presidido por la Cooperativa Padilla, la Asociación Sindical de Cartoneros (ASCIRA) y el área de medio ambiente de la CMP.

También tomaron parte representantes de organismos oficiales como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense y la Comisión Nacional de Tierras de la Nación.

El sábado siguiente se realizó un taller que abordó distintos temas y problemáticas planteadas por los recicladores de todo el país que concurrieron al encuentro y se dio inicio al proyecto PRRI.

Según Arbit, el primer objetivo “es pasar a la fase de industrialización de residuos” y la segunda meta está relacionada con que se otorgue el derecho a la jubilación y a la obra social a los trabajadores que tomaren parte en el proyecto.

Ante el ofrecimiento de los trabajadores del reciclado de Córdoba, se acordó realizar en esa provincia el Segundo Foro que tendrá lugar en unos cuatro meses, con fecha a confirmar.

“Ha llegado el momento de asumir que la responsabilidad de los residuos es de todos, no podemos mirar hacia otro lado y seguir permitiendo que se entierren”, insistió el trabajador de Cooperativa Padilla, quien además reconoció que “es posible concientizar a los vecinos y mejorar el ordenamiento de los residuos sólidos urbanos”.

AUNO 16-12-09
PCN - HRC

viernes, 20 de noviembre de 2009

Deserción escolar: herencia neoliberal para los chicos pobres

En el nivel secundario, alrededor del 20 por ciento de los jóvenes no está escolarizado como consecuencia de un sistema escolar que no tiene en cuenta “flexibilizaciones académicas” para los estudiantes que desean entrar y permanecer en él, según señaló Mónica Barromeres, coordinadora de la región noroeste en el Programa de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación.

En diálogo con CC, Barromeres precisó que la educación primaria presenta una deserción de un dos por ciento, pero que hay alrededor de 500 mil jóvenes sin escolarización en los estudios secundarios. “Las razones económicas, sociales, el tema de madres y padres adolescentes, y un sistema escolar que no tiene en cuenta flexibilizaciones académicas terminan expulsando a los que intentan entrar y permanecer”, aseguró sobre las posibles causas de esta problemática.

Es que el nivel socioeconómico es una variable “fundamental” para entender las formas en que se configuran las trayectorias escolares de los alumnos, según un informe realizado en 2004 por UNICEF y la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE), dependiente del Ministerio de Educación.

El estudio señala que las posibilidades de “acceso y permanencia” de los jóvenes en los diferentes niveles de educación están “altamente condicionadas por las carencias existentes en los lugares a los que pertenecen” y además explicita que en las áreas de mayor pobreza el promedio de escolarización es de “alrededor de cuatro años menos que los de los sectores no pobres”.

En ese sentido, el escrito advierte que “el incremento de la pobreza pone en jaque la capacidad del sistema escolar para garantizar la retención y promoción de los alumnos e impone nuevas exigencias a los directivos y los maestros, en la medida en que las escuelas han pasado a ocupar un rol fundamental en las políticas de asistencia social”.

En tanto, la presidenta del Tribunal 1 de la Dirección de Clasificación Docente de la Provincia de Buenos Aires, Carla Ciavaglia, precisó que “existen dos tipos de deserción: por un lado el traspaso de chicos de la escuela pública al sector privado y por otro el abandono concreto del sistema escolar.”

La mira en la escuela

La escuela como institución es un lugar de pertenencia, de contención y de transmisión de “herencia cultural” fundamental en la construcción de la identidad de los jóvenes y en la posibilidad de los sectores marginados de salir de la “estigmatización de ser pobres y peligrosos”, explicó Barromeres.

Por otro lado, Ciavaglia destacó los cambios que la escuela pública sufrió a partir de la última dictadura militar y su profundización en los dos mandatos menemistas, cuando las políticas neoliberales acuñaron términos como “inclusión” o “contención” en la educación, pero que “corrieron” al conocimiento como eje central de la misma.

Tanto Barromeres como Ciavaglia coincidieron en que las políticas neoliberales dejaron un gran deterioro y afirmaron que “la escuela debe recuperar el lugar de significatividad social”, pero advirtieron que llevará tiempo superar “lo que la dictadura y el neoliberalismo impusieron: la educación para unos pocos”.

Otro informe perteneciente a la CEPAL “Deserción escolar, un obstáculo para el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio”-2001/2002-, plantea que el reconocimiento de la condición de pobreza de los niños y jóvenes suele ser un factor de negación de sus potencialidades culturales, es decir, que los estudiantes de las clases populares cuya cultura difiere de la cultura escolar predominante deben realizar esfuerzos considerables para asimilarla, sometiéndose a una especie de re-educación.

En este proceso la escuela no integra, sino que a menudo segrega a los estudiantes de las clases desfavorecidas con bajas calificaciones y con el estigma del fracaso escolar haciendo que para muchos niños y jóvenes la escuela se manifieste como la primera experiencia de fracaso social.

En referencia a cómo modificar el panorama escolar, Carla Ciavaglia instó a “desnaturalizar" la deserción y entender que la escuela que queremos la tenemos que hacer con participación de los docentes y las familias, y planteó: “Si se logra una escuela que a la vez sea inclusiva y sostenida por el conocimiento vamos a estar bien parados”.

CC 20-11-09
LR-PCN-SAM

miércoles, 23 de septiembre de 2009

Violencia de género: 240 femicidios anuales en Argentina

Cada 36 horas muere una mujer víctima de violencia de género en la Argentina, lo que equivale a 240 asesinatos anuales, de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Según ese organismo, el 40 por ciento de las mujeres golpeadas por sus parejas lleva 20 años o más soportando abusos, pero sólo el 10 por ciento realiza una denuncia.

Las mujeres víctimas de violencia en manos de sus parejas sienten “impotencia, miedo, frustración” por el mandato social que implica que “la mujer no puede hacer nada para destruir a la familia, sino que tiene que hacer todo lo posible para que la familia se mantenga unida, aunque eso signifique morir”, explicó la coordinadora de la Mesa Lomense por la Equidad de Género, María Eva Sanz.

La situación de pareja se categoriza como violenta cuando las “conductas de abuso son permanentes o se establecen con cierta frecuencia”, en las que pueden darse diferentes tipos de abusos físicos, sexuales, emocionales, sociales o económicos, se informó desde la Secretaría de Desarrollo Social de Lomas de Zamora.

La violencia en la pareja sigue un modelo de conducta que se simplifica en un ciclo de tres momentos: una etapa de acumulación de tensión, otra de episodios agudos de golpes y un tercer período de arrepentimiento llamado "luna de miel", en el que el hombre se siente culpable y termina convenciendo a la víctima de que lo perdone.

Ese ciclo se repite una y otra vez, haciendo cada vez más largo el segundo momento, en que la mujer es víctima cada vez de más golpes, humillaciones, amenazas y violaciones, y acortando el período de "luna de miel", generando así situaciones insostenibles que terminan muchas veces en el asesinato o suicidio de la víctima.

El victimario, por su parte, cree que está haciendo “bien las cosas”, porque en la sociedad “la masculinidad tiende a dominar y a controlar la voluntad de la otra persona”, expuso Sanz.

La ley nacional 26.485 de protección integral contra la violencia de género sancionada en marzo de este año contempla no sólo la violencia física, sino también psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica y en las modalidades doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.

“Faltaba dar el paso a una norma que realmente vaya al fondo del problema y que sea abarcativa”, aseguró la diputada nacional (MPN) Alicia Comelli. Según la diputada, la ley parte de “asumir una realidad histórica de distribución de poder entre hombres y mujeres”.

La sanción tiene antecedente en la ley 24.417 de violencia familiar, pero para Comelli, esta “sólo atacaba una de las manifestaciones de violencia de género”. La legisladora aseguró que debe apuntarse a un “cambio de cultura” tendiente a que el abordaje de la violencia de género represente un “esfuerzo colectivo".

En ese sentido, Sanz aclaró que el tema de género es “una cuestión de hombres y mujeres”, por lo que también los varones pueden hacer tratamientos socioeducativos, a través de los cuales logran incorporar “nuevas ideas a las ideas machistas y rígidas que tienen, y aportando cambios en su conducta”.

Los femicidios en los medios de comunicación

Los asesinatos de mujeres cometidos por su pareja son tratados como “crímenes pasionales”, coincidieron en afirmar Sanz y la periodista de Página 12 Mariana Carbajal, quien explicó que cuando se habla de esos crímenes “se da la idea de que la quería tanto que se le fue la mano y la mató, pero que la amaba”.


La periodista asegura que existen “contradicciones en todos los medios” a la hora de tratar temáticas relacionadas con la violencia de género y ejemplificó cómo la trata de mujeres para explotación sexual “encuentra en el diario Clarín un abarrotamiento de avisos clasificados del rubro cincuenta y nueve que dan cuenta de chicas que uno puede sospechar fueron reclutadas en situaciones de vulnerabilidad”.

Para Carbajal es importante que los medios de comunicación puedan comenzar a “construir otro imaginario” sobre la violencia hacia las mujeres y remarcó la importancia de la educación en los colegios, porque “en la medida que los niños y las niñas empiecen a ver el problema desde otro lugar, también de grandes los van a poder enfocar de otro forma”.

“La violencia es la consecuencia de una relación desigual entre hombres y mujeres planteada históricamente. Las mujeres tienen que tomar conciencia de que esa situación no se puede permitir”, enfatizó Carbajal.

CC 22-09-09
PCN- LR-SAM