miércoles, 17 de febrero de 2010

Realidades indígenas desde adentro: comunicar para cambiar

Matías Melillán es parte del equipo de comunicación de la Confederación Mapuche de Neuquén y trabajó en la elaboración de un proyecto que ha empezado a concretarse para abrir en los medios de comunicación alternativos un espacio donde los pueblos originarios puedan dar a conocer su realidad diaria. En diálogo con CC contó de qué se trata el emprendimiento y nos habló sobre la realidad de las comunidades indígenas hoy.

- ¿Qué actividades se realizaron este mes como inicio concreto del proyecto de los Comunicadores de Pueblos Indígenas?

Presentamos la página www.originarios.org.ar , hicimos el anuncio sobre la puesta en funcionamiento en un corto plazo de 6 radios de los pueblos originarios de Argentina, anunciamos la firma de un convenio entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios y pusimos en funcionamiento un canal por internet. Esas fueron algunas de las actividades. Desde marzo del año pasado el Encuentro de Organizaciones, que reúne a 26 organizaciones territoriales de los pueblos originarios, viene encontrando las autoridades para ir tratando los diferentes temas que están relacionados a la situación actual de los pueblos originarios y la relación con el Estado de cara al Bicentenario.

- Este emprendimiento, ¿fue propio o estuvo articulado desde la Secretaría de Comunicaciones?

Ha sido un emprendimiento de nuestro equipo de comunicadores y logramos el apoyo de un área de la Secretaría de Comunicaciones, el Programa de la Sociedad de la Información. Con ella fuimos desarrollando la página pero ha sido un trabajo básicamente del equipo de comunicadores. Todo esto tiene que ver con el desarrollo de la propuesta de Comunicación con Identidad que hicimos nosotros el año pasado.

- ¿Esto fue impulsado a partir de la ley de medios o ya venía como una propuesta de ustedes?


"Nosotros incluimos el derecho a la comunicación de los pueblos originarios en la ley"


En el marco del desarrollo de la política comunicacional fuimos haciendo el caminito para poder hacer la presentación de la página, de la puesta en el aire de las radios y del convenio con el INTI que permite desarrollar modelos de comunicación aplicándole energías alternativas, lo que da un cierto grado de autonomía al funcionamiento de estos medios.

- ¿Cuando nació Comunicación con Identidad y con qué objetivos?

Es una propuesta que elaboró un equipo de comunicadores de diferentes organizaciones y pueblos en mayo de 2009 y fue con el objetivo de garantizar el derecho a la comunicación de los pueblos originarios en lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada y aprobada en octubre del año pasado. Lo que generamos fue la cuarta categoría de propiedad de los medios: propiedad de las comunidades y pueblos originarios.

- ¿Creés que a partir de estos emprendimientos se pueda empezar a hablar de ciertos temas que hoy no encuentran espacio en los grandes medios masivos?

Sí, para nosotros el tema de hacer comunicación tiene que ver con poder lograr visibilización de las realidades de los pueblos originarios y generar una discusión que tiene que ver con qué tipo de sociedad es la que queremos. Nos parece importante que se discuta la necesidad de que haya un estado plurinacional que reconozca que en su interior conviven más de 30 pueblos originarios con 14 idiomas distintos y que la creación de los estados ha venido a romper un modelo de vida cultural, social y política.


"A pesar de los 600 años de colonialismo las diferentes identidades originarias de América están más latentes que nunca."


- ¿Cómo ves la situación que se está viviendo tanto en la comunidad mapuche como en otras comunidades argentinas con los desalojos de las tierras?

Como no se ha aplicado en tiempo y forma el relevamiento territorial con la ley 26.160 (Ley de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras), se ha generado una especie de criminalización y judicialización del reclamo territorial de los pueblos originales. Incluso esta situación le ha costado la vida a un hermano diaguita en Tucumán, paradójicamente el 12 de octubre de 2009, cuando fue asesinado por un terrateniente y por seguridad privada. En el caso del pueblo mapuche, la comunidad Paichil Anterao está hoy en día militarizada por la policía de Neuquén en resguardo de la propiedad privada de un ciudadano estadounidense. Es una situación que viene desde noviembre del año pasado cuando irrumpieron violentamente y desalojaron a las familias que estaban viviendo ahí. Se militarizaron las comunidades, hay constantemente asentadas en los territorios entre 40 y 80 policías. Esto genera un desgaste psicológico en la gente que en algún momento estalla. La misma policía está en una situación de estrés que los violenta.

- ¿Cuál creés que podría ser la solución a todas estas situaciones violentas que se dan por los intentos de desalojos?

Antes que nada es necesario que los distintos gobiernos provinciales reconozcan que permanentemente hemos estado buscando instancias de diálogo político en la que se discuta el tema de la propiedad de la tierra, y también aspectos culturales y sociales. Lamentablemente no hemos tenido esa posibilidad. En el caso del gobernador de Neuquén, responde a los intereses de un partido que está hace cuatro décadas en el poder y que no tiene voluntad para dialogar con el pueblo mapuche. Lejos de haber solución creemos que va a haber muchos más enfrentamientos. La solución pasa muchas veces por las muestras de voluntad que uno tenga. El pueblo mapuche intenta generar marcos de mesa de diálogo pero el que no responde es el Estado. Esto tiene que ver con el modelo económico que hoy existe, un modelo capitalista que genera destrucción y sobreexplotación de los recursos naturales. Es difícil porque uno se junta con el gobierno pero al gobierno lo están apretando las multinacionales que tienen nombre y apellido. Es complejo el tema, pero vale la pena charlarlo. Para nosotros utilizar la comunicación como una herramienta es interesante para dar a conocer al resto de la sociedad que hay situaciones que no solo les tocan a los que viven en Buenos Aires y no sólo les tocan a los que viven en las comunidades. En algún momento este clima social que se vive hoy por hoy en Argentina va a atravesar a la sociedad en su conjunto si no se buscan canales de diálogo que solucionen los problemas.


PCN 17-02-10

Repudio a la represión en Andalgalá

Organizaciones sociales, políticas y estudiantiles expresaron su solidaridad con los asambleístas reprimidos en Catamarca esta semana cuando intentaban evitar el funcionamiento de una minera.

Distintas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles se reunieron ayer a la tarde frente a la Casa de Catamarca porteña para repudiar la represión a asambleístas que intentaban impedir la actividad del proyecto minero Agua Rica, en la ciudad de Andalgalá, en Catamarca.

La convocatoria se realizó en apoyo a la “Asamblea el Algarrobo” y la “Asamblea Socio-ambiental del Noroeste Argentino” (ASANOA), agrupaciones que denunciaron una violenta represión por parte de fuerzas estatales --policía, infantería y grupo Kuntur-- entre la tarde del lunes y la madrugada del martes en la ruta que conduce a Agua Rica y en el centro de la ciudad de Andalgalá. Por los sucesos hubo más de 60 heridos y más de 50 detenidos, según informaron medios de la región.



El encuentro frente a la casa de Catamarca inició con palabras del ambientalista y representante de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Javier Rodríguez Pardo, quien manifestó que hubo una “feroz represión” en un corte que “sólo impedía el paso de insumos” para la minera Agua Rica.

Además, acusó a la fiscal Martha Nieva de haber dado la orden de reprimir y comentó que ahora la funcionaria dice estar arrepentida. “Se les fue de las manos, hubo mucha sangre en Andalgalá. Se agredieron ancianos, niños y hasta hay un maestro con un balazo de goma al lado del ojo”, relató Pardo indignado.

El ambientalista aclaró que la represión, ante la acción popular para impedir que la “minería contaminante” se desarrolle, ocurre en otras partes del país y de Latinoamérica. “Los pueblos no quieren más que los saqueen y desalojen; las empresas vienen por minerales estratégicos, sucede en Perú, Ecuador, Bolivia y toda la cordillera."

Para cerrar su discurso, Rodríguez Pardo planteó que tanto el poder Ejecutivo como los gobernadores e intendentes son "títeres" de estas mineras trasnacionales y alertó: “Sólo mediante la movilización popular se detiene el avance de estas corporaciones”.

Luego, tomó el micrófono el dirigente político Néstor Pitrola del Partido Obrero, quien acusó al intendente de Andalgalá, al gobernador de Catamarca y a medios locales de estar apoyando a las mineras cuando “todo el pueblo está en contra”.

Asimismo, recordó que la minera “Alumbrera”, también instalada en esa región catamarqueña, “quiere callar a las universidades con plata”, en alusión al fondo que la trasnacional ofrece para las casas de altos estudios públicas.

El dirigente también cargó contra partidos políticos cuando aseguro que “acá pelean en el Congreso y tras bambalinas arreglan para reprimir a los pueblos del interior” y concluyó que “con la pueblada de Andalgalá hacemos un compromiso para derrotar a estas mineras en la calle.”

Por su parte, varias organizaciones estudiantiles se hicieron presentes y expresaron su rechazo a la represión. Jair Zolotow, integrante del centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, aseveró: “El agua vale más que el oro, nos solidarizamos con el pueblo de Andalgalá.”

Andalgalá es una ciudad de la provincia argentina de Catamarca, donde la minera Agua Rica está preparando la apertura de una mina de cobre, molibdeno y oro con explotación contaminante a cielo abierto. El proyecto es impulsado desde 2003 y actualmente se encuentra en etapa de construcción hasta el 2012, año en que empezaría la explotación de la mina.

La Asamblea “El Algarrobo” estaba concentrada en un predio privado para evitar el paso de directivos y proveedores de la minera Agua Rica, en el marco del plan de lucha contra la contaminación que causará el emprendimiento minero a cielo abierto, cuando sus miembros sufrieron la represión.

Ante los hechos ocurridos en los últimos días, el juez de Minas, Guillermo Raúl Cerda, notificó ayer al apoderado de la empresa Agua Rica el "cese de actividades hasta nuevo aviso", con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.

LR 17-2-10


miércoles, 10 de febrero de 2010

La epopeya del acceso a la tierra


Más de 600 mil personas son pertenecientes o descendientes en primera generación de poblaciones indígenas en la Argentina, según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) llevada a cabo por el INDEC. Sin embargo, gran parte de la población indígena lleva adelante una batalla legal por el reconocimiento de sus derechos, resguardados por la Constitución Nacional, sobre las tierras en las que viven.

A pesar de algunos avances a nivel formal, estos pueblos sufren el avance de un sistema que los expulsa de los lugares en los que ancestralmente han construido su identidad y que no respeta su tradición cultural y educativa. “La tierra para nosotros no es sólo un elemento material, sino también espiritual”, explicó Francisco Morales, de la ONG Comunidad Indígena de Estudiantes.

Desde 1985 las comunidades indígenas obtuvieron algunas conquistas legislativas por el reconocimiento del derecho exclusivo sobre el suelo que habitan, aunque para muchos de ellos “son los hombres los que pertenecen a la tierra”.

Es que en la mayoría de los pueblos, la idea de territorialidad nunca estuvo ligada al concepto de propiedad que implica derechos exclusivos de posesión y uso de la tierra, por lo que se defienden desde hace 500 años del avance de aquellos que desean convertir las tierras en “propiedad privada”.

El amplio abanico legislativo adquiere su “punto culminante” con la sanción del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional que otorga rango constitucional a los derechos ya reconocidos y a su vez “avanza en el reconocimiento de otros”, según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En ese sentido, el Congreso deberá reconocer la “personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” como también regular la entrega de otras para el desarrollo humano.

Por su parte, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1992 establece que deberá tomarse medidas para “salvaguardar el derecho” de los pueblos interesados a utilizar tierras que “no estén exclusivamente ocupadas por ellos”, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

Los gobiernos, por su parte, deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que se “prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” y establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados “puedan participar libremente” en la adopción de decisiones en instituciones responsables de políticas y programas que les conciernan.

El documento de la OIT además señala en su artículo quinto que deberá “reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales” de los pueblos que abogan por el respeto de su cultura y de sus parámetros de vida.

Es importante ser concientes de que ninguna ley, ningún tratado o documento es válido para los pueblos originarios de nuestro país y de América Latina mientras en la práctica miles de comunidades siguen siendo expulsadas de las tierras que ocupan hace siglos.

CC 10-02-09
LR-SAM-PCN
(foto: Indymedia Argentina)