Piden que los tratamientos de infertilidad tengan cobertura médica

“Que la infertilidad sea reconocida como enfermedad”. Ése es el pedido de un grupo de parejas con problemas para concebir de forma natural que reclamaron que el Congreso sancione una ley de reproducción humana para que las obras sociales y prepagas contemplen los tratamientos de infertilidad. Frente al Planetario de Buenos Aires, realizaron ayer una campaña de concientización sobre la problemática y juntaron más de un millar de firmas en apoyo al proyecto de ley, en el marco de los festejos por el aniversario de la organización que los agrupa, “Sumate a dar vida”.

El evento, que comenzó a las tres de la tarde, se sumó a las actividades a nivel nacional organizadas por la ONG, que se replicaron en las principales ciudades de Córdoba, Neuquén, Chubut y Santa Fé. Las primeras familias en llegar a Palermo se acercaron a la carpa de la asociación para firmar el petitorio, luego de leer los carteles y pancartas que daban la bienvenida al Planetario. En tanto, los organizadores invitaban a los paseantes del lugar a participar del evento en festejo del segundo año de “Sumate a dar vida”.


Entre música, mate y bizcochuelo, un grupo de parejas de la ONG repartían folletos informativos sobre la problemática que afecta a 1 de cada 5 parejas en edad reproductiva. Otros juntaban firmas en respaldo al pedido formal al Congreso para que la infertilidad sea reconocida como una enfermedad, tal como la OMS, y así los tratamientos tengan cobertura médica. Cuentan con 165.689 firmas, pero aún falta para la meta. Necesitan 300 mil adhesiones, para obligar a los legisladores a tratar el proyecto.

A media tarde, comenzaron los festejos: un grupo musical realizó un espectáculo de percusión que reunió en pocos minutos a una gran platea frente suyo. Luego, fue el turno de un grupo circense que realizó una rutina de malabares, danza en telas y acrobacia. Chicos y grandes se acercaban a ver las piruetas de los jóvenes y dar su apoyo a la iniciativa. Unos decidieron sentarse en el pasto, otros en improvisadas lonas y algunos llevaron reposeras para ver los shows mientras conversaban con otras familias. Es que el encuentro contribuyó a que grupos de “Sumate a dar vida” de las provincias de Entre Ríos, Tucumán y Buenos Aires intercambien sus experiencias y fortalezcan el espacio de intercambios.

Del evento también participó Concebir, un grupo de apoyo para parejas con trastornos en la reproducción. Y su presidenta, Isabel Rolando, criticó a los legisladores que tienen “oídos sordos” frente a su pedido. “Queremos que todas las parejas que vengan puedan realizar los tratamientos sin tener problemas económicos”, subrayó.

“Sumate a dar vida” tiene esperanzas de que este año se trate el proyecto para que la infertilidad sea una enfermedad. “Si fuera reconocida así entraría en el plan médico obligatorio, entonces los tratamientos de alta y baja complejidad se cubrirían –explicó Romina Cartocetti, miembro de esa ONG- Así las parejas con problemas para concebir de forma naturalmente no tendrían además que luchar con la incapacidad económica porque son generalmente muy caros”.

Este año una comisión de parejas fue recibida por la Comisión de Salud de Diputados, donde las opiniones están “diferenciadas”. Es que “unos representantes nos están apoyando, pero hay otros proyectos un poco más restrictivos, que ponen algunas trabas”, señaló Cartocetti. Unos meses atrás fueron citados como pacientes ante ese cuerpo, y ahora se están reuniendo con algunos diputados para que comiencen a tratarse nuevamente. “Para nosotros es mucho, porque llevamos muchos años en silencio en absoluto, este tema era tabú. Tenemos muchas esperanzas”, afirmó Cartocetti ante ese panorama.

Con las primeras sombras de la tarde, las parejas realizaron una suelta de medio centenar de globos, cada uno con los nombres de sus próximos hijos. Las esferas sobrevolaron el Planetario por varios minutos y dieron paso a los abrazos y aplausos.

El cierre de la jornada se realizó alrededor de las seis de la tarde con banderas con las consignas “Queremos ser padres, ¿no ayudas?”, fotografías grupales, y hasta una torta con dos velitas para festejar los años de “lucha” que lleva adelante la asociación.




SAM-

Fuertes críticas al modelo agrario

Disertantes de un foro sobre utilización de agroquímicos coincidieron en que debe revisarse el modelo agrario y que el Estado debe asumir un rol claro de apoyo, al debatir el tema en el marco del primer seminario de periodismo ambiental organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Los panelistas tuvieron como eje central de sus exposiciones la utilización de agroquímicos, como el glifosato, que se aplican durante la siembra de soja transgénica. Estos productos son cuestionados por su impacto en la salud de los pobladores cercanos a las plantaciones como así también por sus consecuencias en el medio ambiente.

El investigador del laboratorio de embriología del CONICET Andrés Carrasco expresó: “Con la utilización de estos agroquímicos no están matando a la gente, la están enfermando”. Por su parte, la abogada Graciela Gómez, representante de la ONG Ecos De Romang, planteó que “existe un ‘agrocidio’. Nos están envenenando y terminaron con el campo”.

Haciendo foco en el tema de la prevención, Carrasco sugirió que “el agrocidio se podría haber evitado. Se tendrían que haber hecho estudios de toxicidad e impacto ambiental antes que los productos entren en el mercado”. Carrasco remató: “Acá no hubo ni prevención ni monitoreo de impacto ambiental”.

El Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Martín Díaz Achaval, describió la situación de su provincia como análoga a otras del país donde existe un corrimiento de la frontera agrícola con perdida de diversidad de cultivos a manos de la soja. “Esto sucede por la existencia de un Estado débil”, argumentó.

Además, Díaz Achaval contó que desde su organismo buscan la regulación de los agroquímicos y el control por parte del Estado a los aplicadores de estas sustancias y a los que las producen. “Actualmente firmamos un acta, que estamos esperando que se convierta en ley de la provincia, que establece zonas de exclusión para la aplicación de plaguicidas”, confió.

Al plantear el tema del modelo agropecuario y el rol del Estado existieron posturas coincidentes. El investigador del CONICET remarcó que “no se trata de moderar este modelo productivo, sino de revisarlo” y que se debe entender que el mismo “ha sido aceptado por el Estado”. Por su parte, Gómez invitó a “pensar otro modelo” y criticó al Estado por “hacer que hace”. Con una mirada a futuro, Díaz Achaval instó a “definir mecanismos de control desde el Estado más allá del producto circunstancial”, ya que vislumbró que sino “vamos a correr siempre atrás de los productos nuevos que salgan”.

Apuntando concretamente al Ejecutivo, Carrasco citó algunos casos donde se detuvieron investigaciones sobre el impacto de las sustancias químicas. “Algún sector del gobierno nacional paró un estudio epidemiológico en Pergamino (provincia de Buenos Aires) porque supuestamente no hay financiamiento. Lo mismo sucedió en el barrio Ituzaingó de Córdoba”, descargó. En esa sintonía, la abogada esgrimió que “están los científicos y los medios” para poder hacer los estudios y que “los fondos los tiene que poner el Estado”.

Tanto Carrasco como Gómez también tuvieron críticas para la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), ente que está dirigido por las principales empresas productoras de agroquímicos. La abogada recordó que “estaban invitados a este panel para dar explicaciones” y que no se hicieron presentes.

Por su parte, el investigador los acusó de haber sido “los primeros en apersonarse en su laboratorio como en un allanamiento”, luego de que él hiciera público un informe que dio cuenta del peligro del glifosato sobre la salud humana.

Sobre el rol que tienen los medios de comunicación ante estas problemáticas, el Defensor del Pueblo santiagueño sostuvo que “los que trasmiten información también son empresas y entonces el dinero manda”.” Me pregunto si la sociedad está o no informada”, compartió en tono pesimista.

Carrasco enfatizó: “La ciencia y la tecnología no resuelven los problemas sino que acompañan a la política para que los resuelva. Es peligroso que la tecnocracia esté arriba de la política”.

LR-
CC 17-05-10

Diputadas contra la megaminería y la represión de Andalgalá

Luego de visitar la ciudad catamarqueña de Andalgalá, las diputadas Verónica Benas (SIUP) y Victoria Donda (Libres del sur) destacaron la movilización popular del pueblo para frenar el proyecto minero “Agua Rica”.

“La atmósfera social es muy movilizada. Había 2.500 personas en la asamblea, en un pueblo de 15.000 habitantes”, explicó Donda. Por su parte, Benas destacó que “las asambleas populares se organizaron para resistir el avance de la mina”.

La problemática que llevó a un grupo de siete diputados a viajar a esta ciudad del norte argentino, fue el rechazo por parte de la población local a la instalación de un proyecto minero a cielo abierto. Este conflicto tuvo como punto más crítico la fuerte represión a asambleístas y vecinos ejecutada por grupos especiales de la policía catamarqueña el 15 de febrero de este año.

El proyecto minero en cuestión limitaría las posibilidades de desarrollo agrario tradicional de esa región por la gran utilización de agua, como así también por los efectos contaminantes que arrojaría.

Los diputados fueron con el objeto de conocer el estado de las causas en torno a la represión antes mencionada y sobre el avance o no del proyecto “Agua Rica”. Los legisladores, encontraron por un lado aportes de la situación por parte de los asambleístas y vecinos, pero no corrieron misma suerte a la hora de dar con funcionarios.

La legisladora de Libres del sur contó que al intentar contactar a autoridades de la provincia para tratar el tema en cuestión, les dijeron que no los iban a recibir. En la misma sintonía, la legisladora del SIUP aseguró: “No nos recibió el gobernador, ni dio explicaciones de porqué no se reunió con nosotros”.

También hubo decepción sobre el encuentro que esperaban tener con la fiscal Marta del Valle Nieva, que interviene en la causa iniciada tras la represión de febrero, ya que la misma se encuentra con licencia además de estar denunciada por dicha represión. Por este motivo, fueron atendidos por el fiscal subrogante Doctor Carmelo Mammana. Sobre la labor que viene desempeñando el fiscal, Donda apuntó: “Es un tipo que lo único que hizo es apilar un papel arriba de otro”. Sobre la justicia provincial en general, agregó: "Hay intención de estirar las instancias jurídicas para que la minera avance”.

Benas se expresó en torno a la negativa de dialogar por parte de autoridades políticas y judiciales sobre las habilitaciones para la minera Agua Rica y la represión de febrero. “La gente que tiene responsabilidad en esto evita dar la cara. Por acción o por omisión hay una responsabilidad política de grandes dimensiones”, enfatizó. A lo que Donda sumó: “Hay un gobierno provincial que es pro-minero, que es socio de las mineras”.

Respecto al contacto con los pobladores de Andalgalá, el grupo de diputados visitó la carpa de la asamblea “El Algarrobo” que está en la ruta de acceso a Agua Rica y realizaron actividades en la plaza del pueblo junto a vecinos que rechazan la minería contaminante. Ambas legisladoras destacaron las presiones que los pobladores sufren por parte del poder político.

“Hubo médicos que se resistían a registrar los impactos de bala de goma que tenía la gente el día de la represión. Los querían hacer pasar por otro tipo de proyectiles”, relató indignada Benas. Y aclaró: “Andalgalá tiene un alto porcentaje de empleados públicos que tienen miedo de perder su trabajo si se enfrentan a estas mineras”. En tanto que Donda indicó que “la existencia de amenazas desde el poder político es cierto”.

En relación a la posición del oficialismo nacional en estos temas, la diputada del SIUP resaltó que desde el Ejecutivo nacional “no hay medidas concretas a favor de la gente en estos temas, sino a favor de las mineras”. Benas recordó que el Ejecutivo “llegó a esa barbaridad” de vetar la denominada “ley de glaciares”. “Esto tiene que ver con la soberanía”, concluyó.

Como resultado del viaje, los diputados se trajeron una serie de actividades para el Congreso, entre las que se destacan: “Encuadrar legalmente la contaminación y uso irracional del agua como delito de lesa humanidad, la urgente sanción de una ley que prohíba la mega minería y minería química, la asistencia y reformas legales afines a despenalizar las luchas populares y el compromiso de los legisladores presentes de pronunciar el “no a la mina, sí a la vida”, ante la posibilidad de un plebiscito el próximo 25 de mayo en Andalgalá”.

Junto con Benas y Donda visitaron Andalgalá los diputados de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, Susana García, Héctor Flores y Elsa Quiroz; y el diputado del GEN Horacio Alcuaz.
Andalgalá es una ciudad de la provincia argentina de Catamarca y allí la empresa Yamana Gold está preparando desde 2003 la apertura de “Agua Rica”, una mina de cobre, molibdeno y oro con explotación contaminante a cielo abierto. Actualmente se encuentra en etapa de construcción hasta el 2012, cuando empezaría la explotación de la mina.

En el marco del rechazo popular a “Agua Rica”, el pasado 15 de febrero se desató una feroz represión por fuerzas policiales especiales provinciales (Grupo Kuntur) contra asambleistas que estaban en la ruta de entrada a la mina. La represión dejó un saldo de más de 60 heridos y unos 50 detenidos.

Existe la posibilidad de que se lleve adelante un plebiscito para aceptar o rechazar el funcionamiento de la mina por parte de los pobladores de Andalgalá, aunque por ahora la Corte Suprema de Catamarca, a cargo de esa situación, no se ha definido.

LR

Repudio a la represión en Andalgalá

Organizaciones sociales, políticas y estudiantiles expresaron su solidaridad con los asambleístas reprimidos en Catamarca esta semana cuando intentaban evitar el funcionamiento de una minera.

Distintas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles se reunieron ayer a la tarde frente a la Casa de Catamarca porteña para repudiar la represión a asambleístas que intentaban impedir la actividad del proyecto minero Agua Rica, en la ciudad de Andalgalá, en Catamarca.

La convocatoria se realizó en apoyo a la “Asamblea el Algarrobo” y la “Asamblea Socio-ambiental del Noroeste Argentino” (ASANOA), agrupaciones que denunciaron una violenta represión por parte de fuerzas estatales --policía, infantería y grupo Kuntur-- entre la tarde del lunes y la madrugada del martes en la ruta que conduce a Agua Rica y en el centro de la ciudad de Andalgalá. Por los sucesos hubo más de 60 heridos y más de 50 detenidos, según informaron medios de la región.

El encuentro frente a la casa de Catamarca inició con palabras del ambientalista y representante de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Javier Rodríguez Pardo, quien manifestó que hubo una “feroz represión” en un corte que “sólo impedía el paso de insumos” para la minera Agua Rica.

Además, acusó a la fiscal Martha Nieva de haber dado la orden de reprimir y comentó que ahora la funcionaria dice estar arrepentida. “Se les fue de las manos, hubo mucha sangre en Andalgalá. Se agredieron ancianos, niños y hasta hay un maestro con un balazo de goma al lado del ojo”, relató Pardo indignado.

El ambientalista aclaró que la represión, ante la acción popular para impedir que la “minería contaminante” se desarrolle, ocurre en otras partes del país y de Latinoamérica. “Los pueblos no quieren más que los saqueen y desalojen; las empresas vienen por minerales estratégicos, sucede en Perú, Ecuador, Bolivia y toda la cordillera."

Para cerrar su discurso, Rodríguez Pardo planteó que tanto el poder Ejecutivo como los gobernadores e intendentes son "títeres" de estas mineras trasnacionales y alertó: “Sólo mediante la movilización popular se detiene el avance de estas corporaciones”.

Luego, tomó el micrófono el dirigente político Néstor Pitrola del Partido Obrero, quien acusó al intendente de Andalgalá, al gobernador de Catamarca y a medios locales de estar apoyando a las mineras cuando “todo el pueblo está en contra”.

Asimismo, recordó que la minera “Alumbrera”, también instalada en esa región catamarqueña, “quiere callar a las universidades con plata”, en alusión al fondo que la trasnacional ofrece para las casas de altos estudios públicas.

El dirigente también cargó contra partidos políticos cuando aseguro que “acá pelean en el Congreso y tras bambalinas arreglan para reprimir a los pueblos del interior” y concluyó que “con la pueblada de Andalgalá hacemos un compromiso para derrotar a estas mineras en la calle.”

Por su parte, varias organizaciones estudiantiles se hicieron presentes y expresaron su rechazo a la represión. Jair Zolotow, integrante del centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, aseveró: “El agua vale más que el oro, nos solidarizamos con el pueblo de Andalgalá.”

Andalgalá es una ciudad de la provincia argentina de Catamarca, donde la minera Agua Rica está preparando la apertura de una mina de cobre, molibdeno y oro con explotación contaminante a cielo abierto. El proyecto es impulsado desde 2003 y actualmente se encuentra en etapa de construcción hasta el 2012, año en que empezaría la explotación de la mina.

La Asamblea “El Algarrobo” estaba concentrada en un predio privado para evitar el paso de directivos y proveedores de la minera Agua Rica, en el marco del plan de lucha contra la contaminación que causará el emprendimiento minero a cielo abierto, cuando sus miembros sufrieron la represión.

Ante los hechos ocurridos en los últimos días, el juez de Minas, Guillermo Raúl Cerda, notificó ayer al apoderado de la empresa Agua Rica el "cese de actividades hasta nuevo aviso", con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.

LR 17-2-10

Mujeres debatieron sobre género y marcharon a favor del aborto

Veinte mil mujeres participaron de diversos talleres sobre género, en la última edición del Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizó el 10, 11 y 12 de octubre en San Miguel de Tucumán.

Las mujeres marcharon por el "derecho al aborto legal, seguro y gratuito" por las calles céntricas de la ciudad tucumana hasta La Maternidad, donde desapareció la joven Marita Verón víctima de un red de trata para la explotación sexual.

La multitudinaria movilización provocó tensión en los grupos católicos tucumanos que bajo la consigna "tucumán sí a la vida" convocó a un centenar de fieles para que protegan las Iglesias y rezen "por la vida" contra la despenalización del aborto.

El encuentro se desarrolló por tres días consecutivos en los cuales, las participantes debatieron en 55 talleres diversos temas sobre género, entre ellos, aborto, derechos sexuales y reproductivos, familia, feminismos, poder, medio ambiente y medios de comunicación.