viernes, 3 de septiembre de 2010

Eduardo Galeano: 70 años de memoria y compromiso

Hoy cumple 70 años uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos y comprometidos con la realidad de la región y del mundo. Se llama Eduardo Galeano. Cada paso que dio en su vida lo llevó a estar cada vez más en contacto con la historia y la actualidad del mundo que lo rodea.

Nació en Montevideo, Uruguay, en el seno de una familia católica de clase alta, descendientes de españoles, ingleses y alemanes. Durante su adolescencia desarrolló varios oficios entre los cuales se encontraba el dibujo. A los 14 años entró en el mundo de los medios gráficos, publicando algunos dibujos políticos para el diario socialista “El Sol”. Tiempo después comenzó a escribir artículos que lo posicionaron definitivamente como periodista.

Para 1960, Eduardo Galeano se convirtió en editor del semanario “Marcha”, que contaba con colaboraciones de Mario Vargas Llosa y Mario Benedetti, entre otros. Cuatro años más tarde, asumió como director del diario “Época” hasta principios de los ’70.

En 1973, mediante un golpe de Estado, los militares tomaron el poder en Uruguay; el escritor fue encarcelado y obligado a abandonar su patria. Se exilió en Argentina, donde fundó y dirigió la revista literaria “Crisis”, donde se destacaba también el poeta Juan Gelman.

En 1976, en vista del clima social que se vivía en Buenos Aires tras el golpe militar, Galeano decidió radicarse en España. Una vez instalado en Barcelona, el uruguayo continuó con su labor periodística y literaria: publicó artículos en varias revistas españolas, colaboró con una radio alemana y con un canal de televisión mexicano.

Regresó a Uruguay en 1985, luego del retorno de la democracia. Posteriormente, fundó y dirigió su propia editorial (El Chanchito). Desde entonces, Eduardo Galeano reside en su Montevideo natal donde sigue haciendo su literatura y su periodismo de marcado tinte político.

A los 70 años, sigue retratando con agudeza, con una mirada crítica pero también optimista, la realidad de su país, de Latinoamérica y del mundo entero.


BIBLIOGRAFÍA:

1962- Los días siguientes (novela)
1964- China 1964: Crónica de un desafío (literatura histórica)
1967- Los fantasmas del día del léon y otros relatos (ficción)
1967- Guatemala: Clave de Latinoamérica (literatura histórica)
1967- Reportajes: Tierras de Latinoamérica, otros puntos cardinales, y algo más (literatura histórica)
1971- Siete imágenes de Bolivia (literatura histórica)
1971- Las venas abiertas de América Latina (literatura histórica)
1972- Crónicas latinoamericanas (literatura histórica)
1973- Vagabundo (novela)
1975- La canción de nosotros (novela)
1977- Conversaciones con Raimon (novela)
1978- Días y noches de amor y de guerra (novela)
1980- La piedra que arde (novela)
1981- Voces de nuestro tiempo (literatura histórica)
1982- Memorias del fuego I - Los nacimientos
1984- Memorias del fuego II - Las caras y las máscaras
1985- Contraseña (novela)
1986- Memorias del fuego III - El siglo del viento
1986- Aventuras de los jóvenes dioses (ficción)
1989- Nosotros decimos no: Crónicas (1963-1988)
1989- El libro de los abrazos (novela)
1993- Las palabras andantes (novela)
1995- El fútbol a sol y sombra (novela)
1995- Las aventuras de los dioses
1998- Patas arriba. La escuela del mundo al revés
2004- Bocas del tiempo
2008- Espejos



El derecho al delirio - Una invitación al vuelo
(de "Patas Arriba, la escuela del mundo al revés")

Milenio va, milenio viene, la ocasión es propicia para que los oradores de inflamada verba peroren sobre el destino de la humanidad, y para que los voceros de la ira de Dios anuncien el fin del mundo y la reventazón general, mientras el tiempo continúa, calladito la boca, su caminata a lo largo de la eternidad y del misterio.

La verdad sea dicha, no hay quien resista: en una fecha así, por arbitraria que sea, cualquiera siente la tentación de preguntarse cómo será el tiempo que será. Y vaya uno a saber cómo será. Tenemos una única certeza: en el siglo veintiuno, si todavía estamos aquí, todos nosotros seremos gente del siglo pasado y, peor todavía, seremos gente del pasado milenio.

Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que queremos que sea. En 1948 y en 1976, las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos; pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos, por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible:

el aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones;

en las calles, los automóviles serán aplastados por los perros;

la gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor;

el televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia, y será tratado como la plancha o el lavarropas;

la gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar;

se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega;

en ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo;

los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas;

los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas;

los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos;

los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas;

la solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo;

la muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero;

nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene;

el mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra;

la comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos;

nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión;

los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle;

los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos;

la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla;

la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla;

la justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda;

una mujer, negra, será presidenta de Brasil y otra mujer, negra, será presidenta de los Estados Unidos de América; una mujer india gobernará Guatemala y otra, Perú;

en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria;

la Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo;

la Iglesia también dictará otro mandamiento, que se le había olvidado a Dios: «Amarás a la naturaleza, de la que formas parte»;

serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma;

los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar;

seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo;

la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses; pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero.

lunes, 12 de julio de 2010

La libertadora silenciada

Juana Azurduy fue una de las mujeres más importantes en el proceso de independencia de las tierras latinoamericanas dependientes de España, en el siglo XIX. Sin embargo, muchos siguen sin saber quién fue y su reconocimiento es escaso en los países que ayudó a liberar participando y liderando las tropas revolucionarias. A 230 años de su nacimiento, Consciente Colectivo propone un repaso por la vida de esta libertadora silenciada.

Juana Azurduy nació en las cercanías de Chuquisaca (en el entonces Virreinato del Río de La Plata, actual Bolivia) el 12 de julio de 1780. Hija de padre español y madre indígena, aprendió de chica a amar la vida libre del campo.

A los siete años quedó huérfana, en poco tiempo, de madre y padre. Quedó a cargo de una tía paterna, Petrona Azurduy, quien intentó en vano aquietar su espíritu y con quien tenía una mala relación. Esta opresión a su carácter hizo que Juana dejara poco a poco de hablar.

A los 17 años fue internada en el Monasterio de Santa Teresa con el fin de calmar sus ganas de llevar adelante una vida aventurera. Sin embargo, el silencio, la disciplina y los rezos sólo lograron que Juana comenzara a opinar sobre el apoyo de la Iglesia a los poderosos, por lo cual no llegó a completar un año de estadía.

Volvió a entrar en contacto con los indios y comenzó a visitar a Eufemia Gallardo y a escuchar los relatos de su hijo y futuro esposo, Manuel Padilla. Éstos ejercerán una enorme influencia sobre su formación.

A sus 25 años, Juana se casó con Manuel, de 30, quien ya estaba participando de grupos que, influidos por la ilustración francesa, planeaban la revolución. El 25 de mayo de 1809 una agitación popular en Chuquisaca destituyó al virrey. Juana y Manuel comenzaron a actuar como guerrilleros.

Para marzo de 1814, las tropas revolucionarias se dividieron y Juana debió internarse con sus cuatro hijos en el monte desconocido. La vida de Juana Azurduy dio un vuelco crucial porque se enfermaron cada uno de sus cuatro hijos, y dos de ellos murieron antes de que Padilla llegara a auxiliarla. Una vez en el refugio murieron sus otras dos hijas. Paradójicamente, tras tanta muerte, Juana quedó nuevamente embarazada el mismo año.

La recién nacida quedó a cargo de una india que la cuidó el resto de los años en que su madre continuó luchando por la independencia americana. La terrible muerte de su esposo restó los esfuerzos de Juana por reorganizar una tropa sin recursos.

Luego de combatir en el norte argentino junto a las tropas de Güemes, regresó a la recién estrenada Bolivia, donde disfrutó de su sueño realizado y vivió unos pocos años junto a Luisa, quien se alejaría después tras su matrimonio.

Después de haber ganado 33 batallas liderando su ejército de leales, después de haber sido reconocida por Bolívar y obtenido una pensión que a los dos años es ignorada, Juana murió a los 82 años el 25 de mayo de 1862 en Chuquisaca. Sus restos fueron enterrados sin honores en una fosa común, sin séquito.

viernes, 9 de julio de 2010

Judicializar o no, esa es la cuestión

Por Leonardo Rossi para AUNO

El proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que tiene media sanción del Senado es una de las temáticas que genera discusiones internas en el denominado arco progresista de la política y las organizaciones sociales. Algunas de esas voces argumentan que el texto de la ley es beneficioso por las garantías que brinda a los menores y está basado en las mejores legislaciones internacionales. Del otro lado, plantean que esa propuesta de todas maneras "judicializa a los pibes" y, por lo tanto, habría que aplicar políticas públicas de la infancia con mayor impacto.

Actualmente, en Argentina rige como legislación un decreto ley de la dictadura denominado Ley de Patronato, que permite la judicialización de los mayores de 16 años y la disposición arbitraria de los menores de 18 años por parte de los jueces.

Más allá de que existen en el país legislaciones que tratan la problemática, como por ejemplo la incorporación constitucional de la Convención de los Derechos del Niño, el cumplimiento de las obligaciones de Estado en esta materia sigue recibiendo críticas de varios sectores sociales y políticos.

Algunas de las novedades del proyecto que se debatirá próximamente en Diputados, son la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la creación de un sistema institucional con mayor contención social que reemplace al Patronato y la imposibilidad de juzgar al menor en el ámbito penal de la misma manera que a un adulto.




A FAVOR Y EN CONTRA
El ex asesor de UNICEF y otrora diputado nacional Emilio García Méndez comentó a AUNO que "pocas veces" vio un proyecto con "tanta calidad técnica y consenso político" como el sancionado por la Cámara Alta. Por eso "es una vergüenza que el decreto de la dictadura esté vigente", enfatizó. Además, recordó que también rige un fallo de la Corte Suprema de Justicia que "convalidó la privación de la libertad de los menores" sin ningún proceso previo.

Al cruce de esa postura salió el diputado nacional (Proyecto Sur) y economista de la CTA Claudio Lozano quien, en diálogo con esta agencia, aseguró que pensar la solución a la delincuencia juvenil bajando la edad de punibilidad "es (algo) hipócrita". En su criterio, ése es un pensamiento propio de una "sociedad que condena a los pibes". No obstante, concedió: "Nos parece perfecto pensar un sistema integral de atención sobre los pibes, pero no que se baje la edad de punibilidad".
"Nos parece perfecto pensar un sistema integral de atención sobre los pibes, pero no que se baje la edad de punibilidad"
"En la nueva ley, los mayores de 18 son 'imputables' penalmente y los menores son 'responsables'", defendió García Méndez. Y agregó que con la legislación que rige hoy "la edad de imputabilidad es desde que nacen". La referencia puede ejemplificarse con casos de la Justicia Civil en el Estado dispone de los chicos de padres separados o con problemas económicos para la crianza.

El 18 de mayo pasado, diversas organizaciones sociales que contienen a niños y niñas, y la CTA realizaron una concentración frente al Congreso bajo el lema "No a la baja de la edad de imputabilidad". Una de ellas fue Chicos del Sur y El Palomar, de Lomas de Zamora, y Ruca Hueney, de General Rodríguez, entre otras. La referente de Chicos del Sur, Estela Rojas, planteó que "parece que la única ley para la infancia aplicable es la ley penal" y afirmó que con el proyecto que se discute en el Congreso "se busca penalizar el descuido de los adultos hacia los niños".

Desde Ruca Hueney, sostienen que "no hay jóvenes en conflicto con la ley". Uno de sus responsables, Omar Giuliani, sugirió a AUNO que el conflicto lo tienen "los que deben distribuir la riqueza y no lo hacen".

En esa línea, el diputado Lozano enfatizó lo que ya es un lema de las organizaciones: "Ningún pibe nace chorro". Y evalúo que si hay delincuencia juvenil "las instituciones son responsables" de ello porque, argumentó, "el 30 por ciento de la población es pobre y la mitad de los pobres son pibes", y "la mayoría de los presos son jóvenes menores de 25 años".

En diálogo con esta agencia sobre el trasfondo del proyecto de ley, Rojas analizó con una medida de esa naturaleza "se encubre la criminalización de la pobreza y la niñez". En la misma dirección, Giuliani sentenció: "La idea es penalizar la pobreza y la juventud".

PROMOVER POLÍTICAS O JUDICIALIZAR
"No queremos cambiar ninguna ley, queremos otra política de infancia", dejó en claro Rojas. Giuliani sostuvo: "Sabemos que hay otras respuestas para los pibes como trabajar en su salud y educación", cuestiones que "no necesitan" la creación de un nuevo régimen penal.

Lozano priorizó "hacer foco sobre el combate a la pobreza y las políticas integrales para la niñez". Igualmente contó que desde su espacio político tienen un proyecto que intenta modificar el sistema institucional juvenil pero manteniendo la edad de punibilidad que rige actualmente.

Según García Méndez: "La ley tiene que estar para administrar el problema de forma ordenada y racional, pero para resolver la delincuencia juvenil, están las políticas sociales", y marcó que "los que quieren reemplazarlas por leyes penales, se equivocan".
Giuliani insistió que "si no se garantiza una vida digna no se puede discutir un proceso penal".
"Si no se garantiza una vida digna no se puede discutir un proceso penal"

¿PROGRESISMO VERSUS PROGRESISMO?
"Los que se oponen a la nueva ley de algún modo defienden el decreto de la dictadura", criticó García Méndez. También dejó a entrever que en los sectores progresistas que rechazan la ley "hay un poco de desconocimiento, pero también una defensa de intereses corporativos".

Desde otra posición, Rojas interpretó que "hay gente que con buena intención habla de las garantías de esta ley, pero es difícil que las haya en un sistema que no las ofrece".
Giuliani interpretó que los referentes del progresismo que apoyan la ley "están viendo la cuestión jurídica y no la cuestión social". Además, los acusó de "avalar la judicialización" de los pibes. Y remató: "Vemos peligroso ese doble discurso progresista".

ARGUMENTOS CRUZADOS
"Nunca movieron un dedo frente a menores de 16 años privados de la libertad sin un debido proceso", señaló García Méndez sobre quienes critican la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Y fue más directo: "Claudio Lozano es responsable de esa posición".

"García Méndez viene trabajando en el limbo de la academia y yo vengo trabajando con las organizaciones de la niñez", respondió Lozano, que defendió que en la CTA hay organizaciones que "se comprometieron con los pibes imputados" por la justicia y que "caminan 'la calle', por la cual García Méndez nunca anduvo".

Para el asesor de Unicef, "hasta en los países más avanzados tienen delincuencia, y tienen este tipo de legislación", como el que se discute en Diputados.

Para Lozano, García Méndez "piensa la ley para una realidad como la de los países nórdicos, para una sociedad que tiene necesidades resueltas que aquí (en Argentina) no lo están".


LR-AFD
AUNO-04-06-10

sábado, 26 de junio de 2010

La intensa vida de Darío Santillán: "Sabían a quién mataban"

Por Leonardo Rossi para AUNO

A ocho años de la "Masacre de Avellaneda", AUNO ofrece una semblanza de Darío Santillán, quien junto a Maximiliano Kosteki fue asesinado en una represión durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Su padre y su hermano hablaron de la infancia de Darío, de sus inquietudes adolescentes y de el temprano compromiso que asumió en la lucha contra la injusticia social.

"Desde que estaba en el jardín, Dari se destacaba. Las maestras me decían que tenía una inteligencia más elevada de lo normal", cuenta con nostalgia Alberto Santillán sobre su hijo, para hacer con AUNO una semblanza de ése joven que junto con Maximiliano Kosteki fue asesinado durante una represión policial durante el gobierno de Eduardo Duhalde, y que pasó a la historia como "La masacre de Avellaneda", de la que hoy se cumplen ocho años.

Varios años más tarde, ese niño ya convertido en un adolescente empezó a acercarse a la militancia social mientras cursaba tercer año de la secundaria. "Lo que lo convocó fue el rechazo a las políticas educativas neoliberales", recuerda Leonardo, su hermano.

Cuando empezó a conocer las problemáticas educativas, también se fue interiorizando sobre otras situaciones conflictivas, como las carencias de los chicos que viven en las villas.

Por esos años de la adolescencia comenzó a dar apoyo escolar junto algunos compañeros de su escuela en el barrio 11 de agosto, de Quilmes, y a realizar otras actividades solidarias. "Con 15 años llamaba y decía 'esta noche no voy a casa porque me voy a ayudar a los inundados', ejemplificó su padre. Y destacó que "siempre era el primero que iba a la iglesia a ayudar o que iba manguear a los supermercados y almacenes para armar ollas populares".


Alrededor del año 2000 salió a militar en el barrio donde vivía, que era Claypole. En ese año, se integró al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Almirante Brown que recién nacía. Había un gran problema de desocupación en la zona y él apostaba por que los vecinos sean impulsores de sus propias políticas. Leonardo resaltó que "el laburo principal que fomentó fue la toma de conciencia por parte de los vecinos para que salgan a la calle a solucionar sus problemas. Y eso era algo nuevo en el barrio".

En Claypole formó parte del armado de un centro comunitario que tenía un comedor y un ropero popular. Además, trabajó en crear una pizzería para generar trabajo desde el MTD. Sobre todas las actividades que su hijo fomentaba, Alberto cuenta que "jamás se vanagloriaba de lo que hacía. Nunca venía a decir 'yo hago esto o hago lo otro'".

En mayo de 2001, Darío decidió irse al barrio La Fe, en Lanús. Allí se encontró con un lugar "con demasiada exclusión; más golpeado que Calypole", explica Leo. "Cuando los vecinos lo vieron no entendían qué hacía ese 'pendejo' metido entre ellos. Un pibe con secundario completo, que entendía computación y algo de inglés. Era un bicho raro para ellos", describió Alberto.
"Eligió dejar su casa donde tenía ciertas comodidades, para irse a vivir a un lugar con mucha pobreza."
La lucha por la vivienda era un tema central del barrio, como así también la falta de alimento en los comedores comunitarios. Darío ayudó en la coordinación de varias tomas de tierras y encabezó la última que se hizo antes de su asesinato. Él también buscaba tener su terreno y construir su casa allí. También encaraba los reclamos por la falta de presupuesto para los merenderos y comedores barriales.

Por otra parte, estaba armando con sus compañeros una "bloquera". El objetivo era fabricar bloques para que los vecinos puedan construir sus casas ya que la construcción de viviendas se dificultaba por los altos costos.

Con todo ese compromiso en el barrio "se ganó el respeto de los vecinos y lo han llegado a amar, porque él sentía propia esa falta de derechos de la gente humilde", destaca Alberto. "A veces me encuentro con 'las doñas de La Fe', como las llamaba Darío, y me cuentan cómo lo extrañan, porque él las cuidaba", narra orgulloso.

Al describir a Darío, tanto su padre como su hermano desbordan de gratitud. Sobre su hermano, Leonardo reflexionó: "Ya a los 17 años tenía la conciencia de dónde estaba parado y entendía muchas cosas que nosotros recién hoy entendemos". Y además reconoció que "no sólo tenía un gran carisma y una buena formación. Lo principal es que fue consecuente entre sus actos y lo que decía".

En esa dirección su papá enfatizó que "las palabras son lindas, pero en una situación límite se ve si hacés lo que decís y eso lo demostró en su último acto de vida". Y es que "Darío tenía una actitud de desprotegerse a si mismo para cobijar al otro".

Sobre ese compromiso último que tuvo antes de morir, Alberto relató: "Se quedó con Maxi aunque no lo conocía, porque era un compañero que se desangraba. Levantó su mano y dijo 'loco paren que el pibe se está muriendo'. Igual le dispararon."
"Por lo menos le pudo dar dignidad a la muerte de Maxi, porque no murió solo; él tuvo las manos de mi hijo apretándolo."
A modo de confesión, el hombre reconoce que "generalmente los hijos aprenden de sus padres, y algo aprendió de su madre y de mí. Pero él me enseñó lo que es la dignidad, el respeto y el orgullo". Por eso, cuando lo mataron, "pegaron donde más duele. Sabían a quién mataban; sabían que era un pibe con un potencial terrible para luchar".

A sus 22 años, Darío Santillán fue ejecutado por un policía, el 26 de junio de 2002 en la estación de Avellaneda mientras socorría a Maximiliano Kosteki, el otro militante social que estaba herido de bala por disparos que efectuó otro efectivo de esa fuerza estatal.

Kosteki también murió ese día. Ambos participaban del corte del Puente Pueyrredón encabezado por una decena de organizaciones sociales. Los movimientos piqueteros reclamaban al gobierno de Eduardo Duhalde aumentos en los subsidios para los desocupados, mejoras en la educación y la salud de los barrios más humildes y además se solidarizaban con la persecución que sufrían los trabajadores de la fábrica recuperada Zanón.

LR-AFD AUNO-26-06-10

lunes, 7 de junio de 2010

Trata de personas: una esclavitud vigente

La captación, el traslado y la explotación de personas es un delito. El 90 por ciento de los casos de tráfico de personas es con fines de explotación sexual: se estima que en Argentina hay alrededor de 500 mil mujeres y niñas desaparecidas y secuestradas víctimas de estas redes, que representan el tercer ilícito más rentable a escala global después del tráfico de armas y drogas.

El denominador común de todas las víctimas es su origen humilde. El lugar de origen es siempre más pobre que el de destino al cual serán trasladadas. Las mujeres y adolescentes son, la mayoría de las veces, engañadas con ofertas laborales pero, aún en los casos en que saben que ejercerán la prostitución, no son conscientes de que nunca recibirán paga y serán explotadas sexualmente.

En abril de 2008 se sancionó la ley 26.346 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas” que establece que éste es un delito federal, lo cual permite un incremento de velocidad en los procesos jurídicos al no tener que hacer pedidos formales en cada provincia.

Sin embargo, esta ley aún no ha sido reglamentada. La diputada nacional por Libres del Sur Cecilia Merchán explicó que, si bien hay algunos puntos, su implementación sería “un gran salto de calidad”. En este contexto, precisó que no hay programas nacionales que vayan en dirección de solucionar el problema.

Además, faltan equipos interdisciplinarios para asistencia a las víctimas. Es que la legislación vigente no contempla la formación de “un equipo de psicólogos, de asistentes sociales que ayuden a las compañeras que denuncian, que quedan totalmente desprotegidas y se exponen a graves amenazas de muerte”, denunció la Secretaria General de Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), Elena Eva Reynaga.

La legislación aún no reglamentada prevé la protección de testigos y prohibe penar a las víctimas por delitos cometidos como consecuencia de la situación de esclavitud a la que se ven sometidas las personas tratadas.

Por este motivo, Reynaga llamó a terminar con los "paños fríos para el momento", trabajar para solucionar los problemas de fondo y tener en cuenta que "las redes las componen los poderes políticos, judiciales y policiales". En el mismo contexto, Merchán coincidió en que "no se atacan las causas fundamentales" porque "los estados están involucrados".

Trabajo sexual vs trata de personas

Desde AMMAR resaltan la diferencia entre las mujeres que ofrecen sexo en la calle y que se enfrentan con la Policía porque “criminalizan el trabajo sexual”, y el tráfico de personas. Reynaga explica que la solución no es cerrar los prostíbulos: “No resuelven los problemas de fondo. No todas las chicas que están en los prostíbulos están tratadas. La policía, con el aval mucha veces de los juzgados, entran y las llevan detenidas, las maltratan. No llevan a los proxenetas”. Ellas abogan por el “derecho al trabajo” porque el reconocimiento de los derechos disminuye la trata.



Mapa de la trata

Las redes de trata en Argentina están divididas en regiones de reclutamiento, zonas centro de “ablandamiento”, ciudades de distribución y provincias receptoras. Los lugares más frecuentes en que las víctimas son reclutadas se encuentran en la región norte de Argentina y países limítrofes como Paraguay.

Las víctimas son luego “adiestradas” en centros de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, desde donde son trasladadas para ser vendidas en la zona central del país. La distribución se realiza en burdeles de La Pampa, Mendoza, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, la costa atlántica y las ciudades bonaerenses de Brandsen y La Plata. Finalmente, las mujeres y niños tratados son enviados al sur argentino o al exterior.

Según el Informe Anual Sobre la Trata de Personas realizado en Estados Unidos en 2009, España es uno de los países más implicados en el tráfico de personas. Los países con más restricciones inmigratorias son frecuentes lugares de destino, porque los reclutadores ofrecen una forma de entrada a las víctimas que acceden en búsqueda de oportunidades laborales.
Para ponerle fin a la trata es fundamental trabajar en la prevención en ámbitos educativos, familiares, de organizaciones sociales y judiciales. Es necesario además, que las víctimas y familiares denuncien, de acuerdo a las entidades contra la trata.

Qué hacer

En caso de desconocer el paradero de un familiar o amigo, es importante realizar la denuncia inmediatamente. Puede hacerse en cualquier comisaría y debe ser tomada como “Pedido de paradero” y no como “Fuga del Hogar”. No es obligatorio esperar 48 horas, la institución policial debe comenzar de inmediato con la búsqueda de la persona.

Además, para denuncias sobre explotación se puede acudir al INADI las 24 horas, todos los días del año (0800-999-2345). Se puede, asimismo, llamar a la línea 102 en ciudad de Buenos Aires y provincias donde está vigente para denunciar violaciones a los derechos de los niños y adolescentes. El número de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación es (011) 5300-4006.

viernes, 4 de junio de 2010

"Las nuevas desaparecidas de la democracia"

Hace dos años, el Congreso sancionó una Ley de Trata de Personas que aún no está reglamentada, por lo que no tiene aplicación en el territorio nacional. Faltan además programas de asistencia a las víctimas de estas redes y políticas de Estado contra el funcionamiento de los prostíbulos. Ése es el panorama que describió la diputada nacional por Libres del Sur Cecilia Merchán en diálogo con CC.

Y ante ese escenario, medio millón de mujeres argentinas están sometidas a explotación sexual en el país. La cifra es una muestra del negocio que existe en una sociedad donde la mujer es un "objeto", una esclava sexual. Por eso, para Merchán se debe hacer foco en la educación y las políticas de prevención para que las jóvenes no caigan víctimas de estas redes de explotación.


-¿Qué análisis hace de la Ley de Trata sancionada en 2008?
-Voté a favor de la ley porque, si bien tenía algún déficit, creí que era un avance. Es que necesitábamos tener una ley que diera cuenta de este delito. Tenía puntos conflictivos como el tema del consentimiento, pero sancionarla era una base.

-¿Qué postura tuvo el Poder Ejecutivo con el tema?
-No hay programas nacionales que vayan en dirección de solucionar el problema. No hay programas que asistan a las víctimas. Lo más grave es que esa ley, que se sancionó hace dos años, no está reglamentada y no se aplica. Si se implementara tendríamos un gran salto de calidad. Lo único que logramos es que el delito de trata pase a ser un delito federal. Gracias a esto muchas mujeres pudieron ser liberadas.

-¿Qué cantidad de mujeres están bajo redes de trata en la Argentina?
-Hay 500 mil mujeres sometidas a explotación sexual en el país. En el mundo, por año, hay seis millones de personas explotadas.
Hay que entender que luego de las armas y las drogas, viene el tema de la trata como negocio.
Existen dos millones de niños y niñas explotados a nivel mundial y de esos, el 87 por ciento es con fines sexuales.

-¿Qué mapeo se puede trazar en el país?
-Tenemos la trata principalmente en las provincias del norte, en el norte de Córdoba y en el norte de Santa Fe. Las mujeres son trasladas en general a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del fuego. Además, hay mucho tráfico de mujeres paraguayas, dominicanas, bolivianas, uruguayas y de otros países de Centro América. Y tenemos también los casos de las que salen de acá llevadas a España.

-¿Cómo se realiza el secuestro de las mujeres?
-Para sacarlas de la pobreza le ofrecen a una piba ser modelo en Europa. Se va contenta y la familia la despide bien; no vuelve más. La familia piensa que se fue y no volvió. A esa chica se le rompen todos los lazos. Un caso, es el de una piba que la llevaron del Norte a Tierra del fuego. Su madre nos cuenta cómo su hija hace 12 años se fue con un tipo. “Le gustó la joda y las drogas, y no volvió nunca”, decía la madre. La chica en realidad estaba bajo una red de trata. Entonces, comienza a suceder que se instala eso de “por algo se fueron, les gustará”. Es ante eso que decimos que ellas son las nuevas desaparecidas de la democracia.

-En el caso puntual de los prostíbulos ¿Qué política pública existe al respecto?
-A nivel nacional no hay un política para cerrarlos. Está lleno de prostíbulos con otros nombres, como por ejemplo el de whiskerías. En algunas municipalidades logramos que se cierren los prostíbulos, pero esto se hace a través de las ordenanzas municipales. Podría perfectamente hacerse desde el Ejecutivo.

-¿Qué medidas concretas se podrían implementar para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual?
-Tenemos dos proyectos que podrían ser parte de la reglamentación de la ley de 2008. Uno es el de crear un número gratuito para que se pudiera llamar desde cualquier lugar del país. Esto debería estar bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia y funcionar como una oficina que reciba todas las denuncias sobre trata. Tendrían que trabajar grupos interdisciplinarios junto con la policía federal. Esto sería muy importante para decomisar todas las redes de trata. El otro proyecto consiste en adoptar el tema de la trata en las currículas educativas para hacer foco en la prevención. Se han hecho algunas experiencias sobre esto.

-Cómo se llevó a cabo estas actividades...
-En donde se logró fue producto de la iniciativa de las propias escuelas o de docentes y tuvimos muy buenos resultados. Se puede prevenir a las pibas de que caigan en ese círculo de explotación. Lo hicimos en Chaco, Rosario, Buenos Aires y otros lugares del país. Si en todos los colegios discutiéramos eso, es decir, que una sociedad tuviera o no esclavas sería el logro máximo. La prevención necesita dinero y además la decisión política para ir en contra de las mafias. Principalmente lo segundo. No se necesita gran presupuesto para poner carteles es terminales, aeropuertos o estaciones y hacer campañas publicitarias como se hace en otro países. Es mínima la inversión.

-Sería clave las acciones de concientización…
-Por eso hablamos de prevención, porque significa construir una sociedad diferente donde la mujer no sea una cosa, una esclava.
Cambiar esto es un trabajo cultural, de educación.
Es hablar de los placeres, de quiénes somos. Muchos temas que la sociedad lleva para otro lado.

-¿Por qué desde el Estado no se implementa esta política educativa?
-Al ser un comercio tan fuerte y los estados están involucrados, obviamente no se atacan esas causas fundamentales.

LR

viernes, 21 de mayo de 2010

Piden que los tratamientos de infertilidad tengan cobertura médica

“Que la infertilidad sea reconocida como enfermedad”. Ése es el pedido de un grupo de parejas con problemas para concebir de forma natural que reclamaron que el Congreso sancione una ley de reproducción humana para que las obras sociales y prepagas contemplen los tratamientos de infertilidad. Frente al Planetario de Buenos Aires, realizaron ayer una campaña de concientización sobre la problemática y juntaron más de un millar de firmas en apoyo al proyecto de ley, en el marco de los festejos por el aniversario de la organización que los agrupa, “Sumate a dar vida”.

El evento, que comenzó a las tres de la tarde, se sumó a las actividades a nivel nacional organizadas por la ONG, que se replicaron en las principales ciudades de Córdoba, Neuquén, Chubut y Santa Fé. Las primeras familias en llegar a Palermo se acercaron a la carpa de la asociación para firmar el petitorio, luego de leer los carteles y pancartas que daban la bienvenida al Planetario. En tanto, los organizadores invitaban a los paseantes del lugar a participar del evento en festejo del segundo año de “Sumate a dar vida”.


Entre música, mate y bizcochuelo, un grupo de parejas de la ONG repartían folletos informativos sobre la problemática que afecta a 1 de cada 5 parejas en edad reproductiva. Otros juntaban firmas en respaldo al pedido formal al Congreso para que la infertilidad sea reconocida como una enfermedad, tal como la OMS, y así los tratamientos tengan cobertura médica. Cuentan con 165.689 firmas, pero aún falta para la meta. Necesitan 300 mil adhesiones, para obligar a los legisladores a tratar el proyecto.

A media tarde, comenzaron los festejos: un grupo musical realizó un espectáculo de percusión que reunió en pocos minutos a una gran platea frente suyo. Luego, fue el turno de un grupo circense que realizó una rutina de malabares, danza en telas y acrobacia. Chicos y grandes se acercaban a ver las piruetas de los jóvenes y dar su apoyo a la iniciativa. Unos decidieron sentarse en el pasto, otros en improvisadas lonas y algunos llevaron reposeras para ver los shows mientras conversaban con otras familias. Es que el encuentro contribuyó a que grupos de “Sumate a dar vida” de las provincias de Entre Ríos, Tucumán y Buenos Aires intercambien sus experiencias y fortalezcan el espacio de intercambios.

Del evento también participó Concebir, un grupo de apoyo para parejas con trastornos en la reproducción. Y su presidenta, Isabel Rolando, criticó a los legisladores que tienen “oídos sordos” frente a su pedido. “Queremos que todas las parejas que vengan puedan realizar los tratamientos sin tener problemas económicos”, subrayó.

“Sumate a dar vida” tiene esperanzas de que este año se trate el proyecto para que la infertilidad sea una enfermedad. “Si fuera reconocida así entraría en el plan médico obligatorio, entonces los tratamientos de alta y baja complejidad se cubrirían –explicó Romina Cartocetti, miembro de esa ONG- Así las parejas con problemas para concebir de forma naturalmente no tendrían además que luchar con la incapacidad económica porque son generalmente muy caros”.

Este año una comisión de parejas fue recibida por la Comisión de Salud de Diputados, donde las opiniones están “diferenciadas”. Es que “unos representantes nos están apoyando, pero hay otros proyectos un poco más restrictivos, que ponen algunas trabas”, señaló Cartocetti. Unos meses atrás fueron citados como pacientes ante ese cuerpo, y ahora se están reuniendo con algunos diputados para que comiencen a tratarse nuevamente. “Para nosotros es mucho, porque llevamos muchos años en silencio en absoluto, este tema era tabú. Tenemos muchas esperanzas”, afirmó Cartocetti ante ese panorama.

Con las primeras sombras de la tarde, las parejas realizaron una suelta de medio centenar de globos, cada uno con los nombres de sus próximos hijos. Las esferas sobrevolaron el Planetario por varios minutos y dieron paso a los abrazos y aplausos.

El cierre de la jornada se realizó alrededor de las seis de la tarde con banderas con las consignas “Queremos ser padres, ¿no ayudas?”, fotografías grupales, y hasta una torta con dos velitas para festejar los años de “lucha” que lleva adelante la asociación.




SAM-

miércoles, 19 de mayo de 2010

Por una ley contra la Megaminería

La Megaminería en Argentina enriquece a muchas empresas transnacionales que se instalan en el país gracias a leyes creadas en la década de los '90 que se lo permiten. Estos emprendimientos se llevan a cabo a cielo abierto para extraer del suelo argentino metales como el oro, la plata, el cobre y, el más perjudicial, el uranio. Diez toneladas de cianuro y nueve de explosivos por día se utilizan en estas mineras para separar los metales y el resultado muestra suelos y agua con niveles irreversibles de contaminación. Enfermedades terminales, pobreza, destrucción del medio ambiente son sólo algunas de las consecuencias.

El siguiente spot publicitario fue realizado por la ONG Conciencia Solidaria:

lunes, 17 de mayo de 2010

Fuertes críticas al modelo agrario

Disertantes de un foro sobre utilización de agroquímicos coincidieron en que debe revisarse el modelo agrario y que el Estado debe asumir un rol claro de apoyo, al debatir el tema en el marco del primer seminario de periodismo ambiental organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Los panelistas tuvieron como eje central de sus exposiciones la utilización de agroquímicos, como el glifosato, que se aplican durante la siembra de soja transgénica. Estos productos son cuestionados por su impacto en la salud de los pobladores cercanos a las plantaciones como así también por sus consecuencias en el medio ambiente.

El investigador del laboratorio de embriología del CONICET Andrés Carrasco expresó: “Con la utilización de estos agroquímicos no están matando a la gente, la están enfermando”. Por su parte, la abogada Graciela Gómez, representante de la ONG Ecos De Romang, planteó que “existe un ‘agrocidio’. Nos están envenenando y terminaron con el campo”.

Haciendo foco en el tema de la prevención, Carrasco sugirió que “el agrocidio se podría haber evitado. Se tendrían que haber hecho estudios de toxicidad e impacto ambiental antes que los productos entren en el mercado”. Carrasco remató: “Acá no hubo ni prevención ni monitoreo de impacto ambiental”.

El Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Martín Díaz Achaval, describió la situación de su provincia como análoga a otras del país donde existe un corrimiento de la frontera agrícola con perdida de diversidad de cultivos a manos de la soja. “Esto sucede por la existencia de un Estado débil”, argumentó.

Además, Díaz Achaval contó que desde su organismo buscan la regulación de los agroquímicos y el control por parte del Estado a los aplicadores de estas sustancias y a los que las producen. “Actualmente firmamos un acta, que estamos esperando que se convierta en ley de la provincia, que establece zonas de exclusión para la aplicación de plaguicidas”, confió.

Al plantear el tema del modelo agropecuario y el rol del Estado existieron posturas coincidentes. El investigador del CONICET remarcó que “no se trata de moderar este modelo productivo, sino de revisarlo” y que se debe entender que el mismo “ha sido aceptado por el Estado”. Por su parte, Gómez invitó a “pensar otro modelo” y criticó al Estado por “hacer que hace”. Con una mirada a futuro, Díaz Achaval instó a “definir mecanismos de control desde el Estado más allá del producto circunstancial”, ya que vislumbró que sino “vamos a correr siempre atrás de los productos nuevos que salgan”.

Apuntando concretamente al Ejecutivo, Carrasco citó algunos casos donde se detuvieron investigaciones sobre el impacto de las sustancias químicas. “Algún sector del gobierno nacional paró un estudio epidemiológico en Pergamino (provincia de Buenos Aires) porque supuestamente no hay financiamiento. Lo mismo sucedió en el barrio Ituzaingó de Córdoba”, descargó. En esa sintonía, la abogada esgrimió que “están los científicos y los medios” para poder hacer los estudios y que “los fondos los tiene que poner el Estado”.

Tanto Carrasco como Gómez también tuvieron críticas para la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), ente que está dirigido por las principales empresas productoras de agroquímicos. La abogada recordó que “estaban invitados a este panel para dar explicaciones” y que no se hicieron presentes.

Por su parte, el investigador los acusó de haber sido “los primeros en apersonarse en su laboratorio como en un allanamiento”, luego de que él hiciera público un informe que dio cuenta del peligro del glifosato sobre la salud humana.

Sobre el rol que tienen los medios de comunicación ante estas problemáticas, el Defensor del Pueblo santiagueño sostuvo que “los que trasmiten información también son empresas y entonces el dinero manda”.” Me pregunto si la sociedad está o no informada”, compartió en tono pesimista.

Carrasco enfatizó: “La ciencia y la tecnología no resuelven los problemas sino que acompañan a la política para que los resuelva. Es peligroso que la tecnocracia esté arriba de la política”.

LR-
CC 17-05-10

sábado, 24 de abril de 2010

Ciudadanos unidos por el medio ambiente

La preocupación por el futuro del medio ambiente es el factor común en las asambleas vecinales que buscan proteger los recursos naturales. La contaminación del agua y del suelo, la deforestación, la falta de protección de reservas ecológicas o la construcción indiscriminada son sólo algunas de las problemáticas que afrontan. Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), enfatizaron que la única respuesta es el “pueblo movilizado con conciencia”.

La mayoría de estas agrupaciones nacen ante la falta de respuestas de funcionarios públicos a sus reclamos y la necesidad de tomar una postura activa. “No sentimos que el gobierno municipal ni el provincial tomen en cuenta las cosas que nosotros vemos como vecinos”, señaló Liliana Leiva, de la Asamblea Delta y Río de la Plata.

Desde el movimiento Vecinos en Defensa de Santa Catalina, uno de los últimos pulmones verdes del Gran Buenos Aires, Claudia Piedrabuena consideró que la política es una herramienta necesaria, pero ponerse una camiseta partidaria es perder la “autonomía”. No obstante, reconoció la existencia de algunos políticos que, gracias a la presión de los vecinos, acompañan sus iniciativas. En tanto que Martín Farina, de la asociación Unidos por la Laguna de Rocha, humedal de la zona sur del Conurbano, afirmó que los políticos “aparecen cuando les conviene”.

Más allá de las distintas temáticas que los convocan, organizaciones y especialistas coincidieron en relacionar la falta de acción de los funcionarios con su complacencia hacia intereses privados. Piedrabuena evaluó como un “gran negocio” para algunos la pérdida de los espacios verdes. Por su parte, el referente de la UAC Javier Rodriguez Pardo aseveró que “hay intereses tan grandes que los gobiernos han sido cooptados”.

Patricia Agosto, historiadora y miembro de la agrupación Pañuelos en Rebeldía, coincidió en afirmar que desde Estado hay “complicidad” con un modelo económico de “saqueo de recursos naturales y contaminación”. “Salvo algunas excepciones, ninguno de los tres poderes está jugando a favor de la vida”, enfatizó.

Debatir e investigar la situación que los afecta y concientizar al respecto, son algunas de las actividades más frecuentes en las asambleas. Sin embargo, muchas veces es en la instancia judicial en la que se logra o no alcanzar el objetivo. Para abordar las cuestiones legales, las agrupaciones vecinales recurren a abogados ambientalistas, es decir, profesionales que buscan defender los derechos relacionados con los recursos naturales.

“Guiamos en materia jurídica y tratamos de brindar asesoramiento al quien tiene afectados sus derechos ambientales”, explicó a CC el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA), Enrique Viale. Además, denunció el “gran desconocimiento” que hay en la Justicia sobre el derecho ambiental.

Los integrantes de las asambleas entienden que en la acción colectiva está la herramienta para defender su entorno natural. Al respecto, Rodríguez Pardo destacó que los logros obtenidos “se sostienen con movilización”. Leiva, por su parte, afirmó que con la unidad de los vecinos “se logran cosas”, y concluyó que la preocupación es no sólo por ellos y su salud, sino también por "las generaciones que vienen”.

La cuestión ambiental

Patricia Agosto explicó los orígenes de este tipo de movilizaciones haciendo hincapié en la "falta de confianza en el poder público" y en un "modelo de entrega" sostenido por los gobiernos que facilitan la contaminación y la explotación de recursos naturales. El aumento de la movilización popular es lo que lleva al Estado a “poner un freno” a los agentes contaminantes.

Frente a la protesta medioambiental, la historiadora consideró que el poder político "no juega a favor" de los asambleístas. Entonces, se “criminaliza la protesta o se judicializa” y se hacen causas y denuncias contra los ambientalistas.

Los medios de comunicación, por su parte, adoptan dos estrategias: una es ignorar, en una postura de “silencio total”, y otra es criminalizar las movilizaciones y las protestas a través de un discurso que coloca a los asambleístas como “terroristas ecológicos”, explica la historiadora.

Agosto concluyó, en su análisis sobre la situación de las asambleas, que lo fundamental es la "movilización" de los vecinos, que puede estar acompañada de herramientas legales como la recolección de firmas o petitorios.



fotografías: Asamblea Delta y Río de la Plata

CC 25-04-10
LR-SAM-PCN

viernes, 23 de abril de 2010

"Somos un grupo de abogados con conciencia social"

Sus reclamos no son escuchados, al menos, la mayoría de la veces. Por eso, las asambleas vecinales y organizaciones ambientalistas suelen acudir a abogados especializados en el área para poder llevar adelante sus denuncias. El titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, habló con CC sobre las principales problemáticas de las regiones del país y el trabajo que llevan adelante para un mejor ambiente y calidad de vida de los ciudadanos.

-¿Cuáles son las principales problemáticas ambientales que atienden?
-Varía según la zona del país. En la zona cordillerana es minería y acceso al agua. En Buenos Aires tiene que ver con el agua y su contaminación o la industrial. En esa provincia no hay un arroyo que no esté contaminado. Los dos grandes monstruos de contaminación son los ríos Reconquista y el Riachuelo. Otro problema urbano es la construcción indiscriminada de grandes edificios que afecta a los ecosistemas de la ciudad, el entorno y la calidad de vida. En la Patagonia, hay muchos problemas de acceso a los recursos naturales, como son los ríos y lagos. Existe la apropiación de éstos y de la tierra, por parte de extranjeros o grandes empresarios. Hay una lucha por el territorio. En la zona centro del país, está el área sojera y la problemática de los agroquímicos, que incluye la expansión de la frontera agrícola sobre bosques nativos. Y en el norte existe deforestación y sojización, mega minería y vieja minería, como también la lucha por el territorio.

-¿Qué tema es el que más esfuerzos les demanda?
-Estamos trabajando fuerte en mega minería. Es donde más necesidad de abogados hay. Por las provincias que tiene características feudales y donde los tres poderes están cooptados por los negocios. Por eso, el derecho es más difícil de aplicar ahí.

-¿Qué tipo de ayuda pueden brindar a las organizaciones en defensa del medio ambiente?
-Nosotros hacemos asesoramiento y en algunas cosas tomamos parte en causas de manera estratégica. Somos un grupo de abogados con conciencia social. En la medida que tenemos requerimientos nos vamos reuniendo o contactando con la gente. Guiamos en materia jurídica y tratamos de brindar asesoramiento al quien tiene afectados sus derechos ambientales. En muchos casos, si es necesario hacemos amparos ambientales.

-¿De qué trata esa medida?
-La acción de amparo es la medida por excelencia. Fue incorporada en la Constitución de l994. A través de ella se intentan reestablecer derechos o garantías constitucionales afectadas. Pero también hay leyes nacionales o provinciales que se afectan.


-¿Qué resoluciones suelen tener los procesos legales?
-Según la zona del país. En Buenos Aires tenemos un poder judicial más moderno. Ahí hemos tenido sentencias favorables. En otros lugares del país es mucho más difícil acceder a la Justicia. Y también hay gran desconocimiento por parte de la Justicia del alcance del derecho ambiental.

-¿Cómo se modifica esta lógica?
-Ese cambio vendría por parte de un cambio político que logre la verdadera independencia de los poderes al margen de los grandes negocios. Un claro ejemplo de eso es el caso de las provincias cordilleranas.

LR -23-04-10

Diputadas contra la megaminería y la represión de Andalgalá

Luego de visitar la ciudad catamarqueña de Andalgalá, las diputadas Verónica Benas (SIUP) y Victoria Donda (Libres del sur) destacaron la movilización popular del pueblo para frenar el proyecto minero “Agua Rica”.

“La atmósfera social es muy movilizada. Había 2.500 personas en la asamblea, en un pueblo de 15.000 habitantes”, explicó Donda. Por su parte, Benas destacó que “las asambleas populares se organizaron para resistir el avance de la mina”.

La problemática que llevó a un grupo de siete diputados a viajar a esta ciudad del norte argentino, fue el rechazo por parte de la población local a la instalación de un proyecto minero a cielo abierto. Este conflicto tuvo como punto más crítico la fuerte represión a asambleístas y vecinos ejecutada por grupos especiales de la policía catamarqueña el 15 de febrero de este año.

El proyecto minero en cuestión limitaría las posibilidades de desarrollo agrario tradicional de esa región por la gran utilización de agua, como así también por los efectos contaminantes que arrojaría.

Los diputados fueron con el objeto de conocer el estado de las causas en torno a la represión antes mencionada y sobre el avance o no del proyecto “Agua Rica”. Los legisladores, encontraron por un lado aportes de la situación por parte de los asambleístas y vecinos, pero no corrieron misma suerte a la hora de dar con funcionarios.

La legisladora de Libres del sur contó que al intentar contactar a autoridades de la provincia para tratar el tema en cuestión, les dijeron que no los iban a recibir. En la misma sintonía, la legisladora del SIUP aseguró: “No nos recibió el gobernador, ni dio explicaciones de porqué no se reunió con nosotros”.

También hubo decepción sobre el encuentro que esperaban tener con la fiscal Marta del Valle Nieva, que interviene en la causa iniciada tras la represión de febrero, ya que la misma se encuentra con licencia además de estar denunciada por dicha represión. Por este motivo, fueron atendidos por el fiscal subrogante Doctor Carmelo Mammana. Sobre la labor que viene desempeñando el fiscal, Donda apuntó: “Es un tipo que lo único que hizo es apilar un papel arriba de otro”. Sobre la justicia provincial en general, agregó: "Hay intención de estirar las instancias jurídicas para que la minera avance”.

Benas se expresó en torno a la negativa de dialogar por parte de autoridades políticas y judiciales sobre las habilitaciones para la minera Agua Rica y la represión de febrero. “La gente que tiene responsabilidad en esto evita dar la cara. Por acción o por omisión hay una responsabilidad política de grandes dimensiones”, enfatizó. A lo que Donda sumó: “Hay un gobierno provincial que es pro-minero, que es socio de las mineras”.

Respecto al contacto con los pobladores de Andalgalá, el grupo de diputados visitó la carpa de la asamblea “El Algarrobo” que está en la ruta de acceso a Agua Rica y realizaron actividades en la plaza del pueblo junto a vecinos que rechazan la minería contaminante. Ambas legisladoras destacaron las presiones que los pobladores sufren por parte del poder político.

“Hubo médicos que se resistían a registrar los impactos de bala de goma que tenía la gente el día de la represión. Los querían hacer pasar por otro tipo de proyectiles”, relató indignada Benas. Y aclaró: “Andalgalá tiene un alto porcentaje de empleados públicos que tienen miedo de perder su trabajo si se enfrentan a estas mineras”. En tanto que Donda indicó que “la existencia de amenazas desde el poder político es cierto”.

En relación a la posición del oficialismo nacional en estos temas, la diputada del SIUP resaltó que desde el Ejecutivo nacional “no hay medidas concretas a favor de la gente en estos temas, sino a favor de las mineras”. Benas recordó que el Ejecutivo “llegó a esa barbaridad” de vetar la denominada “ley de glaciares”. “Esto tiene que ver con la soberanía”, concluyó.

Como resultado del viaje, los diputados se trajeron una serie de actividades para el Congreso, entre las que se destacan: “Encuadrar legalmente la contaminación y uso irracional del agua como delito de lesa humanidad, la urgente sanción de una ley que prohíba la mega minería y minería química, la asistencia y reformas legales afines a despenalizar las luchas populares y el compromiso de los legisladores presentes de pronunciar el “no a la mina, sí a la vida”, ante la posibilidad de un plebiscito el próximo 25 de mayo en Andalgalá”.

Junto con Benas y Donda visitaron Andalgalá los diputados de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, Susana García, Héctor Flores y Elsa Quiroz; y el diputado del GEN Horacio Alcuaz.
Andalgalá es una ciudad de la provincia argentina de Catamarca y allí la empresa Yamana Gold está preparando desde 2003 la apertura de “Agua Rica”, una mina de cobre, molibdeno y oro con explotación contaminante a cielo abierto. Actualmente se encuentra en etapa de construcción hasta el 2012, cuando empezaría la explotación de la mina.

En el marco del rechazo popular a “Agua Rica”, el pasado 15 de febrero se desató una feroz represión por fuerzas policiales especiales provinciales (Grupo Kuntur) contra asambleistas que estaban en la ruta de entrada a la mina. La represión dejó un saldo de más de 60 heridos y unos 50 detenidos.

Existe la posibilidad de que se lleve adelante un plebiscito para aceptar o rechazar el funcionamiento de la mina por parte de los pobladores de Andalgalá, aunque por ahora la Corte Suprema de Catamarca, a cargo de esa situación, no se ha definido.

LR

lunes, 1 de marzo de 2010

El mundo laboral vestido de negro

Romina, de 21 años, trabajó en negro durante tres años: no tuvo vacaciones, aguinaldo, días de estudio, cobertura social ni aportes para su futura jubilación. Aceptó esas condiciones de trabajo para ganar experiencia en el mundo laboral. Romina forma parte del 36 por ciento de trabajadores que no están registrados, según las cifras del INDEC correspondientes al tercer trimestre del año pasado.

El empleo asalariado informal es el resultado de la evasión de las obligaciones laborales de empresas organizadas y articuladas con la economía legal; el empleador no hace los aportes correspondientes para que el trabajador goce de todos los beneficios de la seguridad social, que se le da cuando está registrado.

Muchas veces es percibido como algo natural porque, “ante la posibilidad de la desocupación, es mejor tener un trabajo en negro que no tener nada”, explicó Tomás Raffo, investigador del Instituto de Estudios y Formación (IDEF) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

El empleado no registrado tiene muchas desventajas: no tiene garantizada la cobertura médica para ellos y sus familias, no recibe las asignaciones familiares y probablemente no podrá jubilarse cuando se retire del mercado laboral, precisa un informe del Ministerio de Trabajo de 2009.

Además pierde la gran mayoría de los beneficios laborales no ligados directamente a la seguridad social –como las vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura por accidentes de trabajo – y no cuenta con pertenencia sindical.

“Tenía que cuidarme el doble para no enfermarme porque se me descontaba el día y, si quería tomarme vacaciones, también -contó Romina, en diálogo con CC- pero al trabajar en blanco, el contraste fue muy grande: días de estudio, por enfermedad, obra social, vacaciones, aguinaldo.”

Para Raffo, asesor del diputado nacional Claudio Lozano, es “difícil que las personas por sí solas puedan dar cuenta de sus condiciones de vida si no se discuten a fondo las condiciones sobre las cuales se asienta la reproducción económica”.

En ese contexto, aseguró que “el mercado de trabajo actual es el resultado de una economía concentrada desigual” y sugirió un replanteo de las condiciones sobre las cuales se asienta el patrón de acumulación.

La política económica debería "darle importancia al consumo popular, acompañado por un área de economía pública y social motorizada por el Estado que impulse la actividad de las empresas estatales, las pymes, las recuperadas y las de economía social", según Raffo.

Los trabajadores pueden exigir su regularización laboral. Cuando se rompe la relación de dependencia, pueden denunciar al empleador quien debería pagar una indemnización y multa por no haber realizado los aportes de ley, que representan alrededor de un 32 por ciento del valor del sueldo. El acceso a la protección laboral y social constituye un factor determinante del grado de cohesión social.

PCN-SAM-LR

Trabajadores en blanco, nueva política económica

Un 36 por ciento de los trabajadores poseen empleos no registrados. En otras palabras, 4.300.000 asalariados tienen amenazadas su posibilidad de cobertura social y su jubilación, de acuerdo al INDEC. Para Tomás Raffo la problemática se explica en la “ausencia de una experiencia política que sitúe la cuestión de los trabajadores en el primer lugar para empezar a reivindicar un modelo de país distinto”. El asesor del diputado nacional Claudio Lozano, habló con CC y precisó los alcances del trabajo en ‘negro’.

¿Qué cifras de empleo en negro hay hoy en Argentina?

Con la salvedad de que tenemos una suerte de miopía en función de la intervención oficial del INDEC que no ha permitido mantener lo que eran los criterios tradicionales para el relevamiento de la encuesta permanente de hogares y que se ha dado un descreimiento a todas las estadísticas publicas, lo cierto es que al tercer trimestre de 2009, tendríamos una tasa de empleo no registrado del 36 por ciento. Equivale a 4.300.000 asalariados no registrados que tienen amenazadas su posibilidad de cobertura social y la imposibilidad de jubilarse, ya que no cuentan con los requisitos que demanda la ley. Esto convive con una desocupación del orden del 9 por ciento o más, es decir 1,5 millones de personas que salen a buscar trabajo y no lo encuentran, más un 20 por ciento de cuentapropistas que viven de changas, monotributistas y trabajadores independientes con un grado de precarización muy elevado. En consecuencia, lo que es dominante no es el empleo formal sino la fuerza laboral precarizada que insume prácticamente el 54 por ciento del total.

¿Cuáles son los sectores más perjudicados?

Este grado de precariedad está extendido en casi todos los sectores de la actividad. En algunos más que otros. Por ejemplo, la construcción o los servicios sociales son los que tienen mayor nivel de asalariados no registrados, pero esta es una realidad que empaña a todo el tejido productivo.
La situación actual genera una especie de fractura social, muchas personas quedan por afuera del sistema gremial y sindical.

¿Cómo se puede lograr una lucha colectiva sin esperar que la solución venga desde el gobierno?

Este es un desafío mayúsculo. Tiene que ver con los fracasos de las experiencias políticas tradicionales, tanto desde los partidos políticos como de las representaciones sindicales tradicionales. Creo que discutir salarios para el mundo formal sindicalizado, impacta solamente sobre el 25 o 30% de la fuerza laboral total. La ausencia de una experiencia política que sitúe la cuestión de los trabajadores como el primer lugar para empezar a reivindicar un modelo de país distinto es lo que está explicando la situación que tenemos. No se observa que las condiciones de desocupación, de asalariados en negro extendidas son las que le ponen límite para que incluso los trabajadores mejor pagos puedan mejorar su situación.

"La ausencia de una experiencia política que sitúe la cuestión de los trabajadores como el primer lugar para empezar a reivindicar un modelo de país distinto es lo que está explicando la situación que tenemos".

El trabajo en negro en Argentina parecería algo natural, ¿cómo hace la persona que trabaja en negro para desnaturalizarlo?

El trabajo en negro es percibido como algo natural porque, ante la posibilidad de la desocupación, es mejor tener un trabajo en negro que no tener nada. En realidad no es un problema de la persona que la naturalice o no. El problema es del régimen económico que hace que tengamos esta extendida franja de trabajo no registrado. Lo que hay que percibir es que si no se discute a fondo las condiciones sobre las cuales se asienta la reproducción económica, es difícil que las personas por sí solas puedan dar cuenta de sus condiciones de vida. Impugnar sus condiciones de vida frente al despido, es como pedirles demasiado.

¿Qué políticas se llevan adelante en Argentina en relación a este tema?

Sin conocer qué es lo que estudia el gobierno, sí puedo decir que el ordenamiento laboral en 2003 sacó algunas cláusulas flexibilizadoras de los 90 y dejó otras vigentes: las que tienen que ver con la reducción de las contribuciones patronales como modo de ingreso al trabajo formal son una rémora de lo que era la experiencia de los 90. Lo que uno observa de las definiciones gubernamentales es que se apuesta a que en todo caso el propio crecimiento genere el empleo formal que se desea. Peor no hay ningún tipo de política que tienda a garantizar que eso suceda.

Desde el gobierno se apuesta a revertir esta situación aumentando la producción, ¿vos que instrumentos o políticas utilizarías para hacerlo?

El empleo en negro y la precariedad laboral no se resuelven solamente por una coyuntura favorable. Esto tiene que ver con que Argentina aún tiene pendiente un replanteo a fondo sobre las condiciones económicas vigentes. El mercado de trabajo que uno tiene hoy es el resultado de una economía concentrada desigual que asienta su proceso de acumulación de capitales sobre la base de apropiar rentas naturales extraordinarias que le hacen poco favor a los procesos de inversión que tengan que ver con abastecer el mercado popular. Entonces la discusión de fondo es cómo se replantean las condiciones sobre las cuales se asienta el patrón de acumulación. Esto tiene que ver con darle nuevamente importancia al consumo popular como el vector importante de demanda. Y esto debería estar acompañado por un área de economía pública y social motorizada por el Estado que impulse la actividad de las empresas estatales y al mismo tiempo las pequeñas y medianas empresas, empresas recuperadas, empresas de economía social, que tiendan a vincular su actividad con la demanda del mercado popular.

¿Cómo se desarrolló históricamente el empleo no registrado en Argentina?

Las leyes laborales en la Argentina han dado una suerte de blanqueo a lo que ha sido la experiencia de destrucción del empleo formal. Tanto el ordenamiento de la década del 90 y las modificaciones del año 2000 tuvieron que ver con un blanqueo para una economía que había dejado de producir empleo formal. En todo caso las leyes flexibilizadoras tenían que ver con que los trabajadores aceptaran todo tipo de condiciones porque en realidad lo que no había era trabajo. Las leyes vinieron a acompañar un proceso que tuvo que ver con una destrucción importante que la precedió. No es que tenemos trabajo flexibilizado por las leyes de los 90 modificadas en parte en el 2003. En realidad las leyes blanquearon este trabajo precarizado de un cuarto de siglo.

miércoles, 17 de febrero de 2010

Realidades indígenas desde adentro: comunicar para cambiar

Matías Melillán es parte del equipo de comunicación de la Confederación Mapuche de Neuquén y trabajó en la elaboración de un proyecto que ha empezado a concretarse para abrir en los medios de comunicación alternativos un espacio donde los pueblos originarios puedan dar a conocer su realidad diaria. En diálogo con CC contó de qué se trata el emprendimiento y nos habló sobre la realidad de las comunidades indígenas hoy.

- ¿Qué actividades se realizaron este mes como inicio concreto del proyecto de los Comunicadores de Pueblos Indígenas?

Presentamos la página www.originarios.org.ar , hicimos el anuncio sobre la puesta en funcionamiento en un corto plazo de 6 radios de los pueblos originarios de Argentina, anunciamos la firma de un convenio entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios y pusimos en funcionamiento un canal por internet. Esas fueron algunas de las actividades. Desde marzo del año pasado el Encuentro de Organizaciones, que reúne a 26 organizaciones territoriales de los pueblos originarios, viene encontrando las autoridades para ir tratando los diferentes temas que están relacionados a la situación actual de los pueblos originarios y la relación con el Estado de cara al Bicentenario.

- Este emprendimiento, ¿fue propio o estuvo articulado desde la Secretaría de Comunicaciones?

Ha sido un emprendimiento de nuestro equipo de comunicadores y logramos el apoyo de un área de la Secretaría de Comunicaciones, el Programa de la Sociedad de la Información. Con ella fuimos desarrollando la página pero ha sido un trabajo básicamente del equipo de comunicadores. Todo esto tiene que ver con el desarrollo de la propuesta de Comunicación con Identidad que hicimos nosotros el año pasado.

- ¿Esto fue impulsado a partir de la ley de medios o ya venía como una propuesta de ustedes?


"Nosotros incluimos el derecho a la comunicación de los pueblos originarios en la ley"


En el marco del desarrollo de la política comunicacional fuimos haciendo el caminito para poder hacer la presentación de la página, de la puesta en el aire de las radios y del convenio con el INTI que permite desarrollar modelos de comunicación aplicándole energías alternativas, lo que da un cierto grado de autonomía al funcionamiento de estos medios.

- ¿Cuando nació Comunicación con Identidad y con qué objetivos?

Es una propuesta que elaboró un equipo de comunicadores de diferentes organizaciones y pueblos en mayo de 2009 y fue con el objetivo de garantizar el derecho a la comunicación de los pueblos originarios en lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada y aprobada en octubre del año pasado. Lo que generamos fue la cuarta categoría de propiedad de los medios: propiedad de las comunidades y pueblos originarios.

- ¿Creés que a partir de estos emprendimientos se pueda empezar a hablar de ciertos temas que hoy no encuentran espacio en los grandes medios masivos?

Sí, para nosotros el tema de hacer comunicación tiene que ver con poder lograr visibilización de las realidades de los pueblos originarios y generar una discusión que tiene que ver con qué tipo de sociedad es la que queremos. Nos parece importante que se discuta la necesidad de que haya un estado plurinacional que reconozca que en su interior conviven más de 30 pueblos originarios con 14 idiomas distintos y que la creación de los estados ha venido a romper un modelo de vida cultural, social y política.


"A pesar de los 600 años de colonialismo las diferentes identidades originarias de América están más latentes que nunca."


- ¿Cómo ves la situación que se está viviendo tanto en la comunidad mapuche como en otras comunidades argentinas con los desalojos de las tierras?

Como no se ha aplicado en tiempo y forma el relevamiento territorial con la ley 26.160 (Ley de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras), se ha generado una especie de criminalización y judicialización del reclamo territorial de los pueblos originales. Incluso esta situación le ha costado la vida a un hermano diaguita en Tucumán, paradójicamente el 12 de octubre de 2009, cuando fue asesinado por un terrateniente y por seguridad privada. En el caso del pueblo mapuche, la comunidad Paichil Anterao está hoy en día militarizada por la policía de Neuquén en resguardo de la propiedad privada de un ciudadano estadounidense. Es una situación que viene desde noviembre del año pasado cuando irrumpieron violentamente y desalojaron a las familias que estaban viviendo ahí. Se militarizaron las comunidades, hay constantemente asentadas en los territorios entre 40 y 80 policías. Esto genera un desgaste psicológico en la gente que en algún momento estalla. La misma policía está en una situación de estrés que los violenta.

- ¿Cuál creés que podría ser la solución a todas estas situaciones violentas que se dan por los intentos de desalojos?

Antes que nada es necesario que los distintos gobiernos provinciales reconozcan que permanentemente hemos estado buscando instancias de diálogo político en la que se discuta el tema de la propiedad de la tierra, y también aspectos culturales y sociales. Lamentablemente no hemos tenido esa posibilidad. En el caso del gobernador de Neuquén, responde a los intereses de un partido que está hace cuatro décadas en el poder y que no tiene voluntad para dialogar con el pueblo mapuche. Lejos de haber solución creemos que va a haber muchos más enfrentamientos. La solución pasa muchas veces por las muestras de voluntad que uno tenga. El pueblo mapuche intenta generar marcos de mesa de diálogo pero el que no responde es el Estado. Esto tiene que ver con el modelo económico que hoy existe, un modelo capitalista que genera destrucción y sobreexplotación de los recursos naturales. Es difícil porque uno se junta con el gobierno pero al gobierno lo están apretando las multinacionales que tienen nombre y apellido. Es complejo el tema, pero vale la pena charlarlo. Para nosotros utilizar la comunicación como una herramienta es interesante para dar a conocer al resto de la sociedad que hay situaciones que no solo les tocan a los que viven en Buenos Aires y no sólo les tocan a los que viven en las comunidades. En algún momento este clima social que se vive hoy por hoy en Argentina va a atravesar a la sociedad en su conjunto si no se buscan canales de diálogo que solucionen los problemas.


PCN 17-02-10

Repudio a la represión en Andalgalá

Organizaciones sociales, políticas y estudiantiles expresaron su solidaridad con los asambleístas reprimidos en Catamarca esta semana cuando intentaban evitar el funcionamiento de una minera.

Distintas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles se reunieron ayer a la tarde frente a la Casa de Catamarca porteña para repudiar la represión a asambleístas que intentaban impedir la actividad del proyecto minero Agua Rica, en la ciudad de Andalgalá, en Catamarca.

La convocatoria se realizó en apoyo a la “Asamblea el Algarrobo” y la “Asamblea Socio-ambiental del Noroeste Argentino” (ASANOA), agrupaciones que denunciaron una violenta represión por parte de fuerzas estatales --policía, infantería y grupo Kuntur-- entre la tarde del lunes y la madrugada del martes en la ruta que conduce a Agua Rica y en el centro de la ciudad de Andalgalá. Por los sucesos hubo más de 60 heridos y más de 50 detenidos, según informaron medios de la región.



El encuentro frente a la casa de Catamarca inició con palabras del ambientalista y representante de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Javier Rodríguez Pardo, quien manifestó que hubo una “feroz represión” en un corte que “sólo impedía el paso de insumos” para la minera Agua Rica.

Además, acusó a la fiscal Martha Nieva de haber dado la orden de reprimir y comentó que ahora la funcionaria dice estar arrepentida. “Se les fue de las manos, hubo mucha sangre en Andalgalá. Se agredieron ancianos, niños y hasta hay un maestro con un balazo de goma al lado del ojo”, relató Pardo indignado.

El ambientalista aclaró que la represión, ante la acción popular para impedir que la “minería contaminante” se desarrolle, ocurre en otras partes del país y de Latinoamérica. “Los pueblos no quieren más que los saqueen y desalojen; las empresas vienen por minerales estratégicos, sucede en Perú, Ecuador, Bolivia y toda la cordillera."

Para cerrar su discurso, Rodríguez Pardo planteó que tanto el poder Ejecutivo como los gobernadores e intendentes son "títeres" de estas mineras trasnacionales y alertó: “Sólo mediante la movilización popular se detiene el avance de estas corporaciones”.

Luego, tomó el micrófono el dirigente político Néstor Pitrola del Partido Obrero, quien acusó al intendente de Andalgalá, al gobernador de Catamarca y a medios locales de estar apoyando a las mineras cuando “todo el pueblo está en contra”.

Asimismo, recordó que la minera “Alumbrera”, también instalada en esa región catamarqueña, “quiere callar a las universidades con plata”, en alusión al fondo que la trasnacional ofrece para las casas de altos estudios públicas.

El dirigente también cargó contra partidos políticos cuando aseguro que “acá pelean en el Congreso y tras bambalinas arreglan para reprimir a los pueblos del interior” y concluyó que “con la pueblada de Andalgalá hacemos un compromiso para derrotar a estas mineras en la calle.”

Por su parte, varias organizaciones estudiantiles se hicieron presentes y expresaron su rechazo a la represión. Jair Zolotow, integrante del centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, aseveró: “El agua vale más que el oro, nos solidarizamos con el pueblo de Andalgalá.”

Andalgalá es una ciudad de la provincia argentina de Catamarca, donde la minera Agua Rica está preparando la apertura de una mina de cobre, molibdeno y oro con explotación contaminante a cielo abierto. El proyecto es impulsado desde 2003 y actualmente se encuentra en etapa de construcción hasta el 2012, año en que empezaría la explotación de la mina.

La Asamblea “El Algarrobo” estaba concentrada en un predio privado para evitar el paso de directivos y proveedores de la minera Agua Rica, en el marco del plan de lucha contra la contaminación que causará el emprendimiento minero a cielo abierto, cuando sus miembros sufrieron la represión.

Ante los hechos ocurridos en los últimos días, el juez de Minas, Guillermo Raúl Cerda, notificó ayer al apoderado de la empresa Agua Rica el "cese de actividades hasta nuevo aviso", con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.

LR 17-2-10


miércoles, 10 de febrero de 2010

La epopeya del acceso a la tierra


Más de 600 mil personas son pertenecientes o descendientes en primera generación de poblaciones indígenas en la Argentina, según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) llevada a cabo por el INDEC. Sin embargo, gran parte de la población indígena lleva adelante una batalla legal por el reconocimiento de sus derechos, resguardados por la Constitución Nacional, sobre las tierras en las que viven.

A pesar de algunos avances a nivel formal, estos pueblos sufren el avance de un sistema que los expulsa de los lugares en los que ancestralmente han construido su identidad y que no respeta su tradición cultural y educativa. “La tierra para nosotros no es sólo un elemento material, sino también espiritual”, explicó Francisco Morales, de la ONG Comunidad Indígena de Estudiantes.

Desde 1985 las comunidades indígenas obtuvieron algunas conquistas legislativas por el reconocimiento del derecho exclusivo sobre el suelo que habitan, aunque para muchos de ellos “son los hombres los que pertenecen a la tierra”.

Es que en la mayoría de los pueblos, la idea de territorialidad nunca estuvo ligada al concepto de propiedad que implica derechos exclusivos de posesión y uso de la tierra, por lo que se defienden desde hace 500 años del avance de aquellos que desean convertir las tierras en “propiedad privada”.

El amplio abanico legislativo adquiere su “punto culminante” con la sanción del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional que otorga rango constitucional a los derechos ya reconocidos y a su vez “avanza en el reconocimiento de otros”, según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En ese sentido, el Congreso deberá reconocer la “personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” como también regular la entrega de otras para el desarrollo humano.

Por su parte, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1992 establece que deberá tomarse medidas para “salvaguardar el derecho” de los pueblos interesados a utilizar tierras que “no estén exclusivamente ocupadas por ellos”, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

Los gobiernos, por su parte, deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que se “prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” y establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados “puedan participar libremente” en la adopción de decisiones en instituciones responsables de políticas y programas que les conciernan.

El documento de la OIT además señala en su artículo quinto que deberá “reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales” de los pueblos que abogan por el respeto de su cultura y de sus parámetros de vida.

Es importante ser concientes de que ninguna ley, ningún tratado o documento es válido para los pueblos originarios de nuestro país y de América Latina mientras en la práctica miles de comunidades siguen siendo expulsadas de las tierras que ocupan hace siglos.

CC 10-02-09
LR-SAM-PCN
(foto: Indymedia Argentina)

miércoles, 13 de enero de 2010

Voces contra la Megaminería

A partir de la denuncia de pobladores de Andalgalá, provincia de Catamarca, por un acuerdo entre una minera y el estado provincial, se desarrolló la exposición contra la megaminería contaminante en la sede capitalina de la Asociación de Trabajadores del EStado (ATE). Expusieron el diputado Fernando Solanas y especialistas en la materia.

En un foro contra la Megaminería, pobladores de la localidad catamarqueña de Andalgalá denunciaron un acuerdo entre una minera y el gobierno provincial que perjudica a los habitantes de esa zona, a los pueblos aledaños y a sus recursos naturales.

Sergio Martínez, representante de “Vecinos por la vida de Andalgalá”, denunció que “están vendiendo a la población” de esa región, en referencia a un reciente acuerdo del gobierno local con la empresa Billintong Argentina BV. La denuncia tiene sustento en el expediente número 770B2005, caratulado "Pilsiao 16" para la prospección y exploración, etapas previas para la explotación.

Por otra parte, el activista describió el cuadro que están viviendo: “Aumentaron las enfermedades, se contaminaron el aire, el agua y la tierra, y hemos perdido nuestras costumbres”.

Otra minera, la de Bajo la Alumbrera, ya instalada en la región hace varios años, tiene varios cuestionamientos por ejemplo, que utiliza 100 millones de litros de agua diaria perjudicando a las producciones agropecuarias de los habitantes, según informó Martínez.

En referencia a las luchas que llevan adelante las comunidades contra las mineras, Martínez aseveró: “Estamos viviendo un gobierno dictatorial donde se reprime la protesta social violentamente”.

Movilización popular para frenar la embestida de las mineras y sus cómplices.

Por su parte, el diputado por Proyecto Sur Fernando ‘Pino’ Solanas presenció la exposición y aseguró que lo que se sucede en Andalgalá “es una locura”, pero pidió no desalentarse. “No hay mejor fórmula para parar esto que la movilización territorial del pueblo, hay que cambiar la cultura de la derrota”, alentó.

Solanas además reivindicó los logros de las luchas populares contra la megaminería y llamó a no esperar que los cambios lleguen desde los cargos políticos.

Respecto a su incorporación al Congreso, el diputado de Proyecto Sur prometió impulsar un proyecto para evitar la minería con utilización de cianuro y expresó que “se acabará la locomotora de Gioja y la Barrick Gold”, en referencia al manejo de los temas mineros por parte del gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, sus hermanos César y Juan Carlos, senador y diputado respectivamente, y la minera trasnacional.

Degradaciones varias y derechos humanos

Desde la perspectiva del foro, estas luchas contra la megaminería que se dan en varias provincias chocan contra la connivencia de sectores políticos, judiciales y mediáticos dando impunidad a quien daña los recursos naturales y-o poblaciones. Sobre este mapa se pronunciaron el abogado ambientalista Enrique Viale y la socióloga Maristella Svampa.

Viale explicó que la megaminería se entiende en tres paradigmas que interactúan: saqueo económico, degradación institucional y devastación ambiental.

El abogado recordó que la legislación que permitió esta mega minería “la hizo el menemismo y este gobierno la mantuvo”. Y que “el mayor grado de degradación institucional” se expresó con el veto de la presidenta a la ley de Protección de glaciares.

Para cerrar su ponencia, Viale sentenció:“Hay que pensar lo ambiental como un tema de derechos humanos y saber que la degradación del medio ambiente es sufrida por las personas más pobres”.

En su turno, Svampa dijo que hay que entender que esta minería aparece donde hay gobiernos “corruptos y autoritarios”, además de una “economía débil”. Además indicó: “estas empresas trasnacionales se convierten en un sujeto social total que reemplaza al Estado y viola las normas a su gusto”.

La socióloga aclaró que las luchas que aparecen en este contexto no son sólo ambientales sino que además “quieren desposeer a los pueblos de sus tierras y sus bienes”.

LR 24-12-09
Nota al Pie - Agencia Latinoamericana de Noticias