El empleo asalariado informal es el resultado de la evasión de las obligaciones laborales de empresas organizadas y articuladas con la economía legal; el empleador no hace los aportes correspondientes para que el trabajador goce de todos los beneficios de la seguridad social, que se le da cuando está registrado.
Muchas veces es percibido como algo natural porque, “ante la posibilidad de la desocupación, es mejor tener un trabajo en negro que no tener nada”, explicó Tomás Raffo, investigador del Instituto de Estudios y Formación (IDEF) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
El empleado no registrado tiene muchas desventajas: no tiene garantizada la cobertura médica para ellos y sus familias, no recibe las asignaciones familiares y probablemente no podrá jubilarse cuando se retire del mercado laboral, precisa un informe del Ministerio de Trabajo de 2009.
Además pierde la gran mayoría de los beneficios laborales no ligados directamente a la seguridad social –como las vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura por accidentes de trabajo – y no cuenta con pertenencia sindical.
“Tenía que cuidarme el doble para no enfermarme porque se me descontaba el día y, si quería tomarme vacaciones, también -contó Romina, en diálogo con CC- pero al trabajar en blanco, el contraste fue muy grande: días de estudio, por enfermedad, obra social, vacaciones, aguinaldo.”
Para Raffo, asesor del diputado nacional Claudio Lozano, es “difícil que las personas por sí solas puedan dar cuenta de sus condiciones de vida si no se discuten a fondo las condiciones sobre las cuales se asienta la reproducción económica”.
En ese contexto, aseguró que “el mercado de trabajo actual es el resultado de una economía concentrada desigual” y sugirió un replanteo de las condiciones sobre las cuales se asienta el patrón de acumulación.
La política económica debería "darle importancia al consumo popular, acompañado por un área de economía pública y social motorizada por el Estado que impulse la actividad de las empresas estatales, las pymes, las recuperadas y las de economía social", según Raffo.
Los trabajadores pueden exigir su regularización laboral. Cuando se rompe la relación de dependencia, pueden denunciar al empleador quien debería pagar una indemnización y multa por no haber realizado los aportes de ley, que representan alrededor de un 32 por ciento del valor del sueldo. El acceso a la protección laboral y social constituye un factor determinante del grado de cohesión social.
PCN-SAM-LR
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