Diputadas contra la megaminería y la represión de Andalgalá

Luego de visitar la ciudad catamarqueña de Andalgalá, las diputadas Verónica Benas (SIUP) y Victoria Donda (Libres del sur) destacaron la movilización popular del pueblo para frenar el proyecto minero “Agua Rica”.

“La atmósfera social es muy movilizada. Había 2.500 personas en la asamblea, en un pueblo de 15.000 habitantes”, explicó Donda. Por su parte, Benas destacó que “las asambleas populares se organizaron para resistir el avance de la mina”.

La problemática que llevó a un grupo de siete diputados a viajar a esta ciudad del norte argentino, fue el rechazo por parte de la población local a la instalación de un proyecto minero a cielo abierto. Este conflicto tuvo como punto más crítico la fuerte represión a asambleístas y vecinos ejecutada por grupos especiales de la policía catamarqueña el 15 de febrero de este año.

El proyecto minero en cuestión limitaría las posibilidades de desarrollo agrario tradicional de esa región por la gran utilización de agua, como así también por los efectos contaminantes que arrojaría.

Los diputados fueron con el objeto de conocer el estado de las causas en torno a la represión antes mencionada y sobre el avance o no del proyecto “Agua Rica”. Los legisladores, encontraron por un lado aportes de la situación por parte de los asambleístas y vecinos, pero no corrieron misma suerte a la hora de dar con funcionarios.

La legisladora de Libres del sur contó que al intentar contactar a autoridades de la provincia para tratar el tema en cuestión, les dijeron que no los iban a recibir. En la misma sintonía, la legisladora del SIUP aseguró: “No nos recibió el gobernador, ni dio explicaciones de porqué no se reunió con nosotros”.

También hubo decepción sobre el encuentro que esperaban tener con la fiscal Marta del Valle Nieva, que interviene en la causa iniciada tras la represión de febrero, ya que la misma se encuentra con licencia además de estar denunciada por dicha represión. Por este motivo, fueron atendidos por el fiscal subrogante Doctor Carmelo Mammana. Sobre la labor que viene desempeñando el fiscal, Donda apuntó: “Es un tipo que lo único que hizo es apilar un papel arriba de otro”. Sobre la justicia provincial en general, agregó: "Hay intención de estirar las instancias jurídicas para que la minera avance”.

Benas se expresó en torno a la negativa de dialogar por parte de autoridades políticas y judiciales sobre las habilitaciones para la minera Agua Rica y la represión de febrero. “La gente que tiene responsabilidad en esto evita dar la cara. Por acción o por omisión hay una responsabilidad política de grandes dimensiones”, enfatizó. A lo que Donda sumó: “Hay un gobierno provincial que es pro-minero, que es socio de las mineras”.

Respecto al contacto con los pobladores de Andalgalá, el grupo de diputados visitó la carpa de la asamblea “El Algarrobo” que está en la ruta de acceso a Agua Rica y realizaron actividades en la plaza del pueblo junto a vecinos que rechazan la minería contaminante. Ambas legisladoras destacaron las presiones que los pobladores sufren por parte del poder político.

“Hubo médicos que se resistían a registrar los impactos de bala de goma que tenía la gente el día de la represión. Los querían hacer pasar por otro tipo de proyectiles”, relató indignada Benas. Y aclaró: “Andalgalá tiene un alto porcentaje de empleados públicos que tienen miedo de perder su trabajo si se enfrentan a estas mineras”. En tanto que Donda indicó que “la existencia de amenazas desde el poder político es cierto”.

En relación a la posición del oficialismo nacional en estos temas, la diputada del SIUP resaltó que desde el Ejecutivo nacional “no hay medidas concretas a favor de la gente en estos temas, sino a favor de las mineras”. Benas recordó que el Ejecutivo “llegó a esa barbaridad” de vetar la denominada “ley de glaciares”. “Esto tiene que ver con la soberanía”, concluyó.

Como resultado del viaje, los diputados se trajeron una serie de actividades para el Congreso, entre las que se destacan: “Encuadrar legalmente la contaminación y uso irracional del agua como delito de lesa humanidad, la urgente sanción de una ley que prohíba la mega minería y minería química, la asistencia y reformas legales afines a despenalizar las luchas populares y el compromiso de los legisladores presentes de pronunciar el “no a la mina, sí a la vida”, ante la posibilidad de un plebiscito el próximo 25 de mayo en Andalgalá”.

Junto con Benas y Donda visitaron Andalgalá los diputados de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, Susana García, Héctor Flores y Elsa Quiroz; y el diputado del GEN Horacio Alcuaz.
Andalgalá es una ciudad de la provincia argentina de Catamarca y allí la empresa Yamana Gold está preparando desde 2003 la apertura de “Agua Rica”, una mina de cobre, molibdeno y oro con explotación contaminante a cielo abierto. Actualmente se encuentra en etapa de construcción hasta el 2012, cuando empezaría la explotación de la mina.

En el marco del rechazo popular a “Agua Rica”, el pasado 15 de febrero se desató una feroz represión por fuerzas policiales especiales provinciales (Grupo Kuntur) contra asambleistas que estaban en la ruta de entrada a la mina. La represión dejó un saldo de más de 60 heridos y unos 50 detenidos.

Existe la posibilidad de que se lleve adelante un plebiscito para aceptar o rechazar el funcionamiento de la mina por parte de los pobladores de Andalgalá, aunque por ahora la Corte Suprema de Catamarca, a cargo de esa situación, no se ha definido.

LR