Piden que los tratamientos de infertilidad tengan cobertura médica

“Que la infertilidad sea reconocida como enfermedad”. Ése es el pedido de un grupo de parejas con problemas para concebir de forma natural que reclamaron que el Congreso sancione una ley de reproducción humana para que las obras sociales y prepagas contemplen los tratamientos de infertilidad. Frente al Planetario de Buenos Aires, realizaron ayer una campaña de concientización sobre la problemática y juntaron más de un millar de firmas en apoyo al proyecto de ley, en el marco de los festejos por el aniversario de la organización que los agrupa, “Sumate a dar vida”.

El evento, que comenzó a las tres de la tarde, se sumó a las actividades a nivel nacional organizadas por la ONG, que se replicaron en las principales ciudades de Córdoba, Neuquén, Chubut y Santa Fé. Las primeras familias en llegar a Palermo se acercaron a la carpa de la asociación para firmar el petitorio, luego de leer los carteles y pancartas que daban la bienvenida al Planetario. En tanto, los organizadores invitaban a los paseantes del lugar a participar del evento en festejo del segundo año de “Sumate a dar vida”.


Entre música, mate y bizcochuelo, un grupo de parejas de la ONG repartían folletos informativos sobre la problemática que afecta a 1 de cada 5 parejas en edad reproductiva. Otros juntaban firmas en respaldo al pedido formal al Congreso para que la infertilidad sea reconocida como una enfermedad, tal como la OMS, y así los tratamientos tengan cobertura médica. Cuentan con 165.689 firmas, pero aún falta para la meta. Necesitan 300 mil adhesiones, para obligar a los legisladores a tratar el proyecto.

A media tarde, comenzaron los festejos: un grupo musical realizó un espectáculo de percusión que reunió en pocos minutos a una gran platea frente suyo. Luego, fue el turno de un grupo circense que realizó una rutina de malabares, danza en telas y acrobacia. Chicos y grandes se acercaban a ver las piruetas de los jóvenes y dar su apoyo a la iniciativa. Unos decidieron sentarse en el pasto, otros en improvisadas lonas y algunos llevaron reposeras para ver los shows mientras conversaban con otras familias. Es que el encuentro contribuyó a que grupos de “Sumate a dar vida” de las provincias de Entre Ríos, Tucumán y Buenos Aires intercambien sus experiencias y fortalezcan el espacio de intercambios.

Del evento también participó Concebir, un grupo de apoyo para parejas con trastornos en la reproducción. Y su presidenta, Isabel Rolando, criticó a los legisladores que tienen “oídos sordos” frente a su pedido. “Queremos que todas las parejas que vengan puedan realizar los tratamientos sin tener problemas económicos”, subrayó.

“Sumate a dar vida” tiene esperanzas de que este año se trate el proyecto para que la infertilidad sea una enfermedad. “Si fuera reconocida así entraría en el plan médico obligatorio, entonces los tratamientos de alta y baja complejidad se cubrirían –explicó Romina Cartocetti, miembro de esa ONG- Así las parejas con problemas para concebir de forma naturalmente no tendrían además que luchar con la incapacidad económica porque son generalmente muy caros”.

Este año una comisión de parejas fue recibida por la Comisión de Salud de Diputados, donde las opiniones están “diferenciadas”. Es que “unos representantes nos están apoyando, pero hay otros proyectos un poco más restrictivos, que ponen algunas trabas”, señaló Cartocetti. Unos meses atrás fueron citados como pacientes ante ese cuerpo, y ahora se están reuniendo con algunos diputados para que comiencen a tratarse nuevamente. “Para nosotros es mucho, porque llevamos muchos años en silencio en absoluto, este tema era tabú. Tenemos muchas esperanzas”, afirmó Cartocetti ante ese panorama.

Con las primeras sombras de la tarde, las parejas realizaron una suelta de medio centenar de globos, cada uno con los nombres de sus próximos hijos. Las esferas sobrevolaron el Planetario por varios minutos y dieron paso a los abrazos y aplausos.

El cierre de la jornada se realizó alrededor de las seis de la tarde con banderas con las consignas “Queremos ser padres, ¿no ayudas?”, fotografías grupales, y hasta una torta con dos velitas para festejar los años de “lucha” que lleva adelante la asociación.




SAM-

Por una ley contra la Megaminería

La Megaminería en Argentina enriquece a muchas empresas transnacionales que se instalan en el país gracias a leyes creadas en la década de los '90 que se lo permiten. Estos emprendimientos se llevan a cabo a cielo abierto para extraer del suelo argentino metales como el oro, la plata, el cobre y, el más perjudicial, el uranio. Diez toneladas de cianuro y nueve de explosivos por día se utilizan en estas mineras para separar los metales y el resultado muestra suelos y agua con niveles irreversibles de contaminación. Enfermedades terminales, pobreza, destrucción del medio ambiente son sólo algunas de las consecuencias.

El siguiente spot publicitario fue realizado por la ONG Conciencia Solidaria:

Fuertes críticas al modelo agrario

Disertantes de un foro sobre utilización de agroquímicos coincidieron en que debe revisarse el modelo agrario y que el Estado debe asumir un rol claro de apoyo, al debatir el tema en el marco del primer seminario de periodismo ambiental organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Los panelistas tuvieron como eje central de sus exposiciones la utilización de agroquímicos, como el glifosato, que se aplican durante la siembra de soja transgénica. Estos productos son cuestionados por su impacto en la salud de los pobladores cercanos a las plantaciones como así también por sus consecuencias en el medio ambiente.

El investigador del laboratorio de embriología del CONICET Andrés Carrasco expresó: “Con la utilización de estos agroquímicos no están matando a la gente, la están enfermando”. Por su parte, la abogada Graciela Gómez, representante de la ONG Ecos De Romang, planteó que “existe un ‘agrocidio’. Nos están envenenando y terminaron con el campo”.

Haciendo foco en el tema de la prevención, Carrasco sugirió que “el agrocidio se podría haber evitado. Se tendrían que haber hecho estudios de toxicidad e impacto ambiental antes que los productos entren en el mercado”. Carrasco remató: “Acá no hubo ni prevención ni monitoreo de impacto ambiental”.

El Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Martín Díaz Achaval, describió la situación de su provincia como análoga a otras del país donde existe un corrimiento de la frontera agrícola con perdida de diversidad de cultivos a manos de la soja. “Esto sucede por la existencia de un Estado débil”, argumentó.

Además, Díaz Achaval contó que desde su organismo buscan la regulación de los agroquímicos y el control por parte del Estado a los aplicadores de estas sustancias y a los que las producen. “Actualmente firmamos un acta, que estamos esperando que se convierta en ley de la provincia, que establece zonas de exclusión para la aplicación de plaguicidas”, confió.

Al plantear el tema del modelo agropecuario y el rol del Estado existieron posturas coincidentes. El investigador del CONICET remarcó que “no se trata de moderar este modelo productivo, sino de revisarlo” y que se debe entender que el mismo “ha sido aceptado por el Estado”. Por su parte, Gómez invitó a “pensar otro modelo” y criticó al Estado por “hacer que hace”. Con una mirada a futuro, Díaz Achaval instó a “definir mecanismos de control desde el Estado más allá del producto circunstancial”, ya que vislumbró que sino “vamos a correr siempre atrás de los productos nuevos que salgan”.

Apuntando concretamente al Ejecutivo, Carrasco citó algunos casos donde se detuvieron investigaciones sobre el impacto de las sustancias químicas. “Algún sector del gobierno nacional paró un estudio epidemiológico en Pergamino (provincia de Buenos Aires) porque supuestamente no hay financiamiento. Lo mismo sucedió en el barrio Ituzaingó de Córdoba”, descargó. En esa sintonía, la abogada esgrimió que “están los científicos y los medios” para poder hacer los estudios y que “los fondos los tiene que poner el Estado”.

Tanto Carrasco como Gómez también tuvieron críticas para la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), ente que está dirigido por las principales empresas productoras de agroquímicos. La abogada recordó que “estaban invitados a este panel para dar explicaciones” y que no se hicieron presentes.

Por su parte, el investigador los acusó de haber sido “los primeros en apersonarse en su laboratorio como en un allanamiento”, luego de que él hiciera público un informe que dio cuenta del peligro del glifosato sobre la salud humana.

Sobre el rol que tienen los medios de comunicación ante estas problemáticas, el Defensor del Pueblo santiagueño sostuvo que “los que trasmiten información también son empresas y entonces el dinero manda”.” Me pregunto si la sociedad está o no informada”, compartió en tono pesimista.

Carrasco enfatizó: “La ciencia y la tecnología no resuelven los problemas sino que acompañan a la política para que los resuelva. Es peligroso que la tecnocracia esté arriba de la política”.

LR-
CC 17-05-10