Ciudadanos unidos por el medio ambiente

La preocupación por el futuro del medio ambiente es el factor común en las asambleas vecinales que buscan proteger los recursos naturales. La contaminación del agua y del suelo, la deforestación, la falta de protección de reservas ecológicas o la construcción indiscriminada son sólo algunas de las problemáticas que afrontan. Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), enfatizaron que la única respuesta es el “pueblo movilizado con conciencia”.

La mayoría de estas agrupaciones nacen ante la falta de respuestas de funcionarios públicos a sus reclamos y la necesidad de tomar una postura activa. “No sentimos que el gobierno municipal ni el provincial tomen en cuenta las cosas que nosotros vemos como vecinos”, señaló Liliana Leiva, de la Asamblea Delta y Río de la Plata.

Desde el movimiento Vecinos en Defensa de Santa Catalina, uno de los últimos pulmones verdes del Gran Buenos Aires, Claudia Piedrabuena consideró que la política es una herramienta necesaria, pero ponerse una camiseta partidaria es perder la “autonomía”. No obstante, reconoció la existencia de algunos políticos que, gracias a la presión de los vecinos, acompañan sus iniciativas. En tanto que Martín Farina, de la asociación Unidos por la Laguna de Rocha, humedal de la zona sur del Conurbano, afirmó que los políticos “aparecen cuando les conviene”.

Más allá de las distintas temáticas que los convocan, organizaciones y especialistas coincidieron en relacionar la falta de acción de los funcionarios con su complacencia hacia intereses privados. Piedrabuena evaluó como un “gran negocio” para algunos la pérdida de los espacios verdes. Por su parte, el referente de la UAC Javier Rodriguez Pardo aseveró que “hay intereses tan grandes que los gobiernos han sido cooptados”.

Patricia Agosto, historiadora y miembro de la agrupación Pañuelos en Rebeldía, coincidió en afirmar que desde Estado hay “complicidad” con un modelo económico de “saqueo de recursos naturales y contaminación”. “Salvo algunas excepciones, ninguno de los tres poderes está jugando a favor de la vida”, enfatizó.

Debatir e investigar la situación que los afecta y concientizar al respecto, son algunas de las actividades más frecuentes en las asambleas. Sin embargo, muchas veces es en la instancia judicial en la que se logra o no alcanzar el objetivo. Para abordar las cuestiones legales, las agrupaciones vecinales recurren a abogados ambientalistas, es decir, profesionales que buscan defender los derechos relacionados con los recursos naturales.

“Guiamos en materia jurídica y tratamos de brindar asesoramiento al quien tiene afectados sus derechos ambientales”, explicó a CC el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA), Enrique Viale. Además, denunció el “gran desconocimiento” que hay en la Justicia sobre el derecho ambiental.

Los integrantes de las asambleas entienden que en la acción colectiva está la herramienta para defender su entorno natural. Al respecto, Rodríguez Pardo destacó que los logros obtenidos “se sostienen con movilización”. Leiva, por su parte, afirmó que con la unidad de los vecinos “se logran cosas”, y concluyó que la preocupación es no sólo por ellos y su salud, sino también por "las generaciones que vienen”.

La cuestión ambiental

Patricia Agosto explicó los orígenes de este tipo de movilizaciones haciendo hincapié en la "falta de confianza en el poder público" y en un "modelo de entrega" sostenido por los gobiernos que facilitan la contaminación y la explotación de recursos naturales. El aumento de la movilización popular es lo que lleva al Estado a “poner un freno” a los agentes contaminantes.

Frente a la protesta medioambiental, la historiadora consideró que el poder político "no juega a favor" de los asambleístas. Entonces, se “criminaliza la protesta o se judicializa” y se hacen causas y denuncias contra los ambientalistas.

Los medios de comunicación, por su parte, adoptan dos estrategias: una es ignorar, en una postura de “silencio total”, y otra es criminalizar las movilizaciones y las protestas a través de un discurso que coloca a los asambleístas como “terroristas ecológicos”, explica la historiadora.

Agosto concluyó, en su análisis sobre la situación de las asambleas, que lo fundamental es la "movilización" de los vecinos, que puede estar acompañada de herramientas legales como la recolección de firmas o petitorios.

fotografías: Asamblea Delta y Río de la Plata

CC 25-04-10
LR-SAM-PCN

"Somos un grupo de abogados con conciencia social"

Sus reclamos no son escuchados, al menos, la mayoría de la veces. Por eso, las asambleas vecinales y organizaciones ambientalistas suelen acudir a abogados especializados en el área para poder llevar adelante sus denuncias. El titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, habló con CC sobre las principales problemáticas de las regiones del país y el trabajo que llevan adelante para un mejor ambiente y calidad de vida de los ciudadanos.

-¿Cuáles son las principales problemáticas ambientales que atienden?
-Varía según la zona del país. En la zona cordillerana es minería y acceso al agua. En Buenos Aires tiene que ver con el agua y su contaminación o la industrial. En esa provincia no hay un arroyo que no esté contaminado. Los dos grandes monstruos de contaminación son los ríos Reconquista y el Riachuelo. Otro problema urbano es la construcción indiscriminada de grandes edificios que afecta a los ecosistemas de la ciudad, el entorno y la calidad de vida. En la Patagonia, hay muchos problemas de acceso a los recursos naturales, como son los ríos y lagos. Existe la apropiación de éstos y de la tierra, por parte de extranjeros o grandes empresarios. Hay una lucha por el territorio. En la zona centro del país, está el área sojera y la problemática de los agroquímicos, que incluye la expansión de la frontera agrícola sobre bosques nativos. Y en el norte existe deforestación y sojización, mega minería y vieja minería, como también la lucha por el territorio.

-¿Qué tema es el que más esfuerzos les demanda?
-Estamos trabajando fuerte en mega minería. Es donde más necesidad de abogados hay. Por las provincias que tiene características feudales y donde los tres poderes están cooptados por los negocios. Por eso, el derecho es más difícil de aplicar ahí.

-¿Qué tipo de ayuda pueden brindar a las organizaciones en defensa del medio ambiente?
-Nosotros hacemos asesoramiento y en algunas cosas tomamos parte en causas de manera estratégica. Somos un grupo de abogados con conciencia social. En la medida que tenemos requerimientos nos vamos reuniendo o contactando con la gente. Guiamos en materia jurídica y tratamos de brindar asesoramiento al quien tiene afectados sus derechos ambientales. En muchos casos, si es necesario hacemos amparos ambientales.

-¿De qué trata esa medida?
-La acción de amparo es la medida por excelencia. Fue incorporada en la Constitución de l994. A través de ella se intentan reestablecer derechos o garantías constitucionales afectadas. Pero también hay leyes nacionales o provinciales que se afectan.


-¿Qué resoluciones suelen tener los procesos legales?
-Según la zona del país. En Buenos Aires tenemos un poder judicial más moderno. Ahí hemos tenido sentencias favorables. En otros lugares del país es mucho más difícil acceder a la Justicia. Y también hay gran desconocimiento por parte de la Justicia del alcance del derecho ambiental.

-¿Cómo se modifica esta lógica?
-Ese cambio vendría por parte de un cambio político que logre la verdadera independencia de los poderes al margen de los grandes negocios. Un claro ejemplo de eso es el caso de las provincias cordilleranas.

LR -23-04-10

Diputadas contra la megaminería y la represión de Andalgalá

Luego de visitar la ciudad catamarqueña de Andalgalá, las diputadas Verónica Benas (SIUP) y Victoria Donda (Libres del sur) destacaron la movilización popular del pueblo para frenar el proyecto minero “Agua Rica”.

“La atmósfera social es muy movilizada. Había 2.500 personas en la asamblea, en un pueblo de 15.000 habitantes”, explicó Donda. Por su parte, Benas destacó que “las asambleas populares se organizaron para resistir el avance de la mina”.

La problemática que llevó a un grupo de siete diputados a viajar a esta ciudad del norte argentino, fue el rechazo por parte de la población local a la instalación de un proyecto minero a cielo abierto. Este conflicto tuvo como punto más crítico la fuerte represión a asambleístas y vecinos ejecutada por grupos especiales de la policía catamarqueña el 15 de febrero de este año.

El proyecto minero en cuestión limitaría las posibilidades de desarrollo agrario tradicional de esa región por la gran utilización de agua, como así también por los efectos contaminantes que arrojaría.

Los diputados fueron con el objeto de conocer el estado de las causas en torno a la represión antes mencionada y sobre el avance o no del proyecto “Agua Rica”. Los legisladores, encontraron por un lado aportes de la situación por parte de los asambleístas y vecinos, pero no corrieron misma suerte a la hora de dar con funcionarios.

La legisladora de Libres del sur contó que al intentar contactar a autoridades de la provincia para tratar el tema en cuestión, les dijeron que no los iban a recibir. En la misma sintonía, la legisladora del SIUP aseguró: “No nos recibió el gobernador, ni dio explicaciones de porqué no se reunió con nosotros”.

También hubo decepción sobre el encuentro que esperaban tener con la fiscal Marta del Valle Nieva, que interviene en la causa iniciada tras la represión de febrero, ya que la misma se encuentra con licencia además de estar denunciada por dicha represión. Por este motivo, fueron atendidos por el fiscal subrogante Doctor Carmelo Mammana. Sobre la labor que viene desempeñando el fiscal, Donda apuntó: “Es un tipo que lo único que hizo es apilar un papel arriba de otro”. Sobre la justicia provincial en general, agregó: "Hay intención de estirar las instancias jurídicas para que la minera avance”.

Benas se expresó en torno a la negativa de dialogar por parte de autoridades políticas y judiciales sobre las habilitaciones para la minera Agua Rica y la represión de febrero. “La gente que tiene responsabilidad en esto evita dar la cara. Por acción o por omisión hay una responsabilidad política de grandes dimensiones”, enfatizó. A lo que Donda sumó: “Hay un gobierno provincial que es pro-minero, que es socio de las mineras”.

Respecto al contacto con los pobladores de Andalgalá, el grupo de diputados visitó la carpa de la asamblea “El Algarrobo” que está en la ruta de acceso a Agua Rica y realizaron actividades en la plaza del pueblo junto a vecinos que rechazan la minería contaminante. Ambas legisladoras destacaron las presiones que los pobladores sufren por parte del poder político.

“Hubo médicos que se resistían a registrar los impactos de bala de goma que tenía la gente el día de la represión. Los querían hacer pasar por otro tipo de proyectiles”, relató indignada Benas. Y aclaró: “Andalgalá tiene un alto porcentaje de empleados públicos que tienen miedo de perder su trabajo si se enfrentan a estas mineras”. En tanto que Donda indicó que “la existencia de amenazas desde el poder político es cierto”.

En relación a la posición del oficialismo nacional en estos temas, la diputada del SIUP resaltó que desde el Ejecutivo nacional “no hay medidas concretas a favor de la gente en estos temas, sino a favor de las mineras”. Benas recordó que el Ejecutivo “llegó a esa barbaridad” de vetar la denominada “ley de glaciares”. “Esto tiene que ver con la soberanía”, concluyó.

Como resultado del viaje, los diputados se trajeron una serie de actividades para el Congreso, entre las que se destacan: “Encuadrar legalmente la contaminación y uso irracional del agua como delito de lesa humanidad, la urgente sanción de una ley que prohíba la mega minería y minería química, la asistencia y reformas legales afines a despenalizar las luchas populares y el compromiso de los legisladores presentes de pronunciar el “no a la mina, sí a la vida”, ante la posibilidad de un plebiscito el próximo 25 de mayo en Andalgalá”.

Junto con Benas y Donda visitaron Andalgalá los diputados de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, Susana García, Héctor Flores y Elsa Quiroz; y el diputado del GEN Horacio Alcuaz.
Andalgalá es una ciudad de la provincia argentina de Catamarca y allí la empresa Yamana Gold está preparando desde 2003 la apertura de “Agua Rica”, una mina de cobre, molibdeno y oro con explotación contaminante a cielo abierto. Actualmente se encuentra en etapa de construcción hasta el 2012, cuando empezaría la explotación de la mina.

En el marco del rechazo popular a “Agua Rica”, el pasado 15 de febrero se desató una feroz represión por fuerzas policiales especiales provinciales (Grupo Kuntur) contra asambleistas que estaban en la ruta de entrada a la mina. La represión dejó un saldo de más de 60 heridos y unos 50 detenidos.

Existe la posibilidad de que se lleve adelante un plebiscito para aceptar o rechazar el funcionamiento de la mina por parte de los pobladores de Andalgalá, aunque por ahora la Corte Suprema de Catamarca, a cargo de esa situación, no se ha definido.

LR