La mayoría de estas agrupaciones nacen ante la falta de respuestas de funcionarios públicos a sus reclamos y la necesidad de tomar una postura activa. “No sentimos que el gobierno municipal ni el provincial tomen en cuenta las cosas que nosotros vemos como vecinos”, señaló Liliana Leiva, de la Asamblea Delta y Río de la Plata.
Desde el movimiento Vecinos en Defensa de Santa Catalina, uno de los últimos pulmones verdes del Gran Buenos Aires, Claudia Piedrabuena consideró que la política es una herramienta necesaria, pero ponerse una camiseta partidaria es perder la “autonomía”. No obstante, reconoció la existencia de algunos políticos que, gracias a la presión de los vecinos, acompañan sus iniciativas. En tanto que Martín Farina, de la asociación Unidos por la Laguna de Rocha, humedal de la zona sur del Conurbano, afirmó que los políticos “aparecen cuando les conviene”.
Más allá de las distintas temáticas que los convocan, organizaciones y especialistas coincidieron en relacionar la falta de acción de los funcionarios con su complacencia hacia intereses privados. Piedrabuena evaluó como un “gran negocio” para algunos la pérdida de los espacios verdes. Por su parte, el referente de la UAC Javier Rodriguez Pardo aseveró que “hay intereses tan grandes que los gobiernos han sido cooptados”.
Patricia Agosto, historiadora y miembro de la agrupación Pañuelos en Rebeldía, coincidió en afirmar que desde Estado hay “complicidad” con un modelo económico de “saqueo de recursos naturales y contaminación”. “Salvo algunas excepciones, ninguno de los tres poderes está jugando a favor de la vida”, enfatizó.
Debatir e investigar la situación que los afecta y concientizar al respecto, son algunas de las actividades más frecuentes en las asambleas. Sin embargo, muchas veces es en la instancia judicial en la que se logra o no alcanzar el objetivo. Para abordar las cuestiones legales, las agrupaciones vecinales recurren a abogados ambientalistas, es decir, profesionales que buscan defender los derechos relacionados con los recursos naturales.
Debatir e investigar la situación que los afecta y concientizar al respecto, son algunas de las actividades más frecuentes en las asambleas. Sin embargo, muchas veces es en la instancia judicial en la que se logra o no alcanzar el objetivo. Para abordar las cuestiones legales, las agrupaciones vecinales recurren a abogados ambientalistas, es decir, profesionales que buscan defender los derechos relacionados con los recursos naturales.
“Guiamos en materia jurídica y tratamos de brindar asesoramiento al quien tiene afectados sus derechos ambientales”, explicó a CC el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA), Enrique Viale. Además, denunció el “gran desconocimiento” que hay en la Justicia sobre el derecho ambiental.
Los integrantes de las asambleas entienden que en la acción colectiva está la herramienta para defender su entorno natural. Al respecto, Rodríguez Pardo destacó que los logros obtenidos “se sostienen con movilización”. Leiva, por su parte, afirmó que con la unidad de los vecinos “se logran cosas”, y concluyó que la preocupación es no sólo por ellos y su salud, sino también por "las generaciones que vienen”.
La cuestión ambiental
Patricia Agosto explicó los orígenes de este tipo de movilizaciones haciendo hincapié en la "falta de confianza en el poder público" y en un "modelo de entrega" sostenido por los gobiernos que facilitan la contaminación y la explotación de recursos naturales. El aumento de la movilización popular es lo que lleva al Estado a “poner un freno” a los agentes contaminantes.
Frente a la protesta medioambiental, la historiadora consideró que el poder político "no juega a favor" de los asambleístas. Entonces, se “criminaliza la protesta o se judicializa” y se hacen causas y denuncias contra los ambientalistas.
Los medios de comunicación, por su parte, adoptan dos estrategias: una es ignorar, en una postura de “silencio total”, y otra es criminalizar las movilizaciones y las protestas a través de un discurso que coloca a los asambleístas como “terroristas ecológicos”, explica la historiadora.
Frente a la protesta medioambiental, la historiadora consideró que el poder político "no juega a favor" de los asambleístas. Entonces, se “criminaliza la protesta o se judicializa” y se hacen causas y denuncias contra los ambientalistas.
Los medios de comunicación, por su parte, adoptan dos estrategias: una es ignorar, en una postura de “silencio total”, y otra es criminalizar las movilizaciones y las protestas a través de un discurso que coloca a los asambleístas como “terroristas ecológicos”, explica la historiadora.
Agosto concluyó, en su análisis sobre la situación de las asambleas, que lo fundamental es la "movilización" de los vecinos, que puede estar acompañada de herramientas legales como la recolección de firmas o petitorios.
fotografías: Asamblea Delta y Río de la Plata
CC 25-04-10
LR-SAM-PCN
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